LA entrevista reciente realizada por Diario de Sevilla a Mª Isabel Lira, madre de un chico con síndrome de Down y alumno de integración de un instituto de esta ciudad, me ha desencadenado el deseo de realizar un análisis de la integración escolar en Andalucía, tema, por otra parte, que tanto me preocupa y por el que tanto he luchado.

Durante muchos años, la batalla de los padres por la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales se había centrado en conseguir obtener un puesto escolar en un centro docente como el resto de los alumnos de su barrio o localidad.

En efecto, durante mucho tiempo las familias con hijos discapacitados estuvieron condenadas a tener que opcionar entre escolarizarlos en centros específicos para este tipo de alumnos, insertándolos en el "gueto de los diferentes" o dejarlos en casa sin escolarizar, recibiendo la educación que sus padres o, en el mejor de los casos, profesionales contratados por éstos pudieran ofrecerles.

La situación ha cambiado. En líneas generales, la integración física se ha ido alcanzando. En la actualidad, la lucha de los padres de alumnos discapacitados no se centra en la llamada integración física (escolarizarlos en un centro ordinario con los demás alumnos), sino que se ha transformado en la exigencia de una educación de calidad que debe pasar, necesariamente, por que el sistema educativo ofrezca a los discapacitados los medios personales y materiales precisos para afrontar, en igualdad de condiciones con el resto de los alumnos , la realidad de una plena formación educativa.

No obstante, hay que afirmar con rotundidad que las expectativas de muchas familias andaluzas por disfrutar de una plena integración, no simplemente compartir aula o pupitre con los alumnos llamados normales, han quedado rotas, frustradas y desfraudadas. Las esperanzas que el proceso integrador había generado han sido escasamente satisfechas. Y esto ha acontecido así porque, casi en la totalidad de los casos, esta "integración oficial" que con tanto cinismo proclaman las estadísticas, los datos oficiales y abundantes declaraciones políticas no ha pasado de ser más que una quimera, una integración formal o virtual, huérfana de realidades concretas.

La Administración andaluza ha hecho caso omiso de las disposiciones legales que ella misma dictaba. La realidad desmiente lo normativo en el día a día. Los cambios que precisa una integración funcional, una "escuela para todos", no han sido la preocupación de esta Administración. Las transformaciones organizativas, metodológicas y didácticas que la escuela, el sistema educativo, requiere ni siquiera han comenzado. La integración sigue casi en las mismas circunstancias que cuando se inició. En Andalucía queda mucho trecho por recorrer para poder hablar con propiedad y justicia de la existencia de un sistema educativo plenamente integrador para todos los alumnos con discapacidades, de un sistema que atienda eficazmente sus necesidades educativas especiales. El fracaso escolar subyacente en nuestro sistema educativo demuestra que no atiende con eficacia ni siquiera a los alumnos sin necesidades educativas especiales.

Ya es hora de acabar con la injusticia de que padres como los de la entrevista referida estén luchando contra los innumerables obstáculos y atropellos que una Administración insolidaria y carente de sensibilidad hacia un tema tan importante (la educación de los discapacitados) les plantea. Estos padres lo único que reclaman es la atención educativa que su hijo precisa. Su peregrinaje por todos los estamentos de la Administración educativa está resultando infructuoso. Ésta, la Administración, hace caso omiso de sus reivindicaciones incumpliendo fehacientemente lo que ella misma ha legislado. El recurso al Defensor del Pueblo y a la prensa son los últimos intentos ante su situación desesperada. Lo que en realidad están solicitando es que su hijo sea atendido con el tipo de programa educativo que sus necesidades educativas especiales (una adaptación curricular no significativa, en términos técnicos) requieren y que ellos, con gran esfuerzo y con mayor o menor eficacia por no ser ni maestros ni profesores, le están practicando. No es justo ni siquiera legal.

Ésta es otra dimensión social más en la que Andalucía se encuentra en el furgón de cola de las regiones y países de su entorno. Mientras que en otros lugares se habla y se trabaja sobre la escuela inclusiva (la atención educativa de todos los alumnos en la escuela regular sin ningún tipo de distingo), aquí en Andalucía estamos anclados todavía en los balbuceos de una integración mal planteada.