la tribuna

Joaquín M. Barrón Tous

Sobre unas jornadas jurídicas

LLEVABA días meditando cómo empezar a escribir el presente artículo que dedico a mis experiencias sobre las pasadas segundas Jornadas de Estudio de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, entidad que me honro en presidir. Sí, no puedo ocultar mi atracción por José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno que, por cierto, se ha celebrado recientemente en Madrid el Congreso Internacional Ortega y Gasset: Nuevas lecturas, que ha contado con setenta ponentes nacionales e internacionales y que ha significado la edición de sus obras completas. La cuestión es que cuando oía a Antonio Garrigues Walker, en la apertura de las jornadas que estaban dedicadas, en la presente edición, a la "abogacía y derecho procesal: nuevas perspectivas" pensaba, en algún que otro momento, del autor de la Rebelión de las masas que describían recientemente en un congreso, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, como "político, pensador, hombre". En un momento dado, se me ocurrió quitar lo de "político" y poner "jurista" y, en vez de José, el nombre Antonio. Sí, empezaba a estar más en consonancia con el genial conferenciante que nos expuso de forma clara y contundente la actual situación del abogado español y, por ende, europeo y americanista, con especial referencia a la América Hispana. Creo que la labor del abogado Antonio Garrigues, y no solamente en lo referente a su labor de jurista, sino como autor de interesantes artículos y otros documentos, su labor en otras actividades públicas, como le corresponde a un intelectual, hace que la profesión de la abogacía adquiera o gane muchos enteros. Parece que el futuro de la abogacía pasa por muchos aconteceres, encaminando esta labor a la prestación de un verdadero servicio a la ciudadanía.

Naturalmente, destacar hechos o momentos interesantes compartidos con Antonio Garrigues, nos hace indagar en su personalidad, como cuando nos sentamos un grupo de letrados con él, en la terraza de calle Sierpes del Bar Laredo de Sevilla que gozamos de intimidades cuando nos contaba algunas experiencias vividas en la Feria o en la Semana Santa hispalense que mezclaba con contenciosos capciosos y dirigidos a María del Amor Albert Muñoz, la letrada jefe de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, la segunda ponente en las jornadas en cuestión, que junto al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el también amigo Rafael Fernández Valverde, profundizaron en el anhelo de alcanzar el fin de una Justicia más rápida, ágil y eficaz.

A lo mejor sería ahora interesante dejar claro que entiendo que el espíritu moderno es tan enemigo de la precisión en las ideas como enamorado de la precisión en las medidas, como bien señalaba el inglés Hilaire Belloc, especialmente con referencia al compromiso que debemos tener todos los españoles ante el nuevo Gobierno de España y con otras actividades públicas, a lo mejor -y así lo apuntó el insigne letrado- sería bueno para ese temor tan grande que hay en el país ante cualquier cambio, porque la sociedad española sufre con los cambios, por lo que no quieren ni hablar de ellos. Por supuesto, los cambios hay que hacerlos con el objetivo de modernizar la Justicia y sin dejar al margen la potenciación de las nuevas tecnologías, como dotar a la Justicia española de un sistema informático único, como bien apuntaba no hace demasiado tiempo en la prensa Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, en el que todos los órganos, con independencia de su ubicación, tramiten los procesos bajo una misma plataforma y permita estar interconectados en tiempo real, entre ellos y el resto de organismos. Soy de los que piensan que la transferencia de las competencias sobre la Administración de Justicia a las comunidades autónomas fue un acierto, por lo que no se debe pensar, como he oído últimamente y en más de una ocasión, en una vuelta al pasado, muy al contrario y siempre con la salvedad de mantener un sistema judicial único en España para que el ciudadano disfrute de una Justicia acorde con un país democrático y esté en una u otra comunidad autónoma de las diecisiete que existen en España.

La clave, es la confianza, y el esfuerzo es ofrecer transparencia al sistema, una vuelta a los principios. Satisface encontrar noticias en la prensa en estos días, reconociendo la existencia de un inagotable referente en nuestro país. Recientemente leía como Antonio Garrigues ha aconsejado la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, con la convicción de que la lucha a favor de la transparencia no va en contra del crecimiento económico, sino más bien todo lo contrario. Sin duda, hay fundamentos aún para ser positivos.

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