EL sindicato de jueces está a punto de salirse con la suya: al juez Rafael Tirado se le va a ratificar la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior Consejo General del Poder Judicial. Y poco más. Parece que el nuevo CGPJ no va a atender la demanda del fiscal de suspender por tres años al juez que olvidó mandar a prisión al que resultaría asesino de la niña de cinco años Mari Luz Cortés, en Huelva el pasado enero. Sólo en Andalucía, los mensajes al Consejo, que debe decidir el martes, y los gestos hacia la opinión pública no han cesado un sólo día. El martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, entregó a la consejera Evangelina Naranjo un informe demoledor sobre las carencias de la administración de justicia en la región. Según los jueces faltan 1.245 funcionarios y los que tienen ahora son deficientes: actúan con pasividad, absentismo e impuntualidad. El mensaje está claro: la culpa de que el asesino de Mari Luz estuviese en libertad es de cualquiera, menos del titular del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla.

El miércoles, en Córdoba el juez decano, Luis Rabasa, propuso reducir a la mitad los juicios previstos para el año que viene, y preveía que el actual sistema judicial reventaría en dos años. La subasta ha continuado. El juez decano de Granada, Antonio Moreno, salió el jueves a la palestra para decir que el sistema va a reventar no en dos años, sino en uno. Seguro que los jueces tienen razón en que faltan medios, incluso en que la diligencia de los funcionarios no es la idónea. Pero no se ha oído una voz sobre su propio comportamiento. El artículo 127 de la Constitución prohibe expresamente la militancia sindical de los jueces. Por eso no participaron en la jornada de paro convocada el 21 de octubre, en apoyo a la secretaria de Juzgado de Sevilla sancionada a dos años de suspensión por el caso Mari Luz. No participaron en teoría, pero convocaron juntas de jueces que en la práctica les permitió estar inactivos durante el paro. Como conocen las normas, han sabido cómo ejercer su presión corporativa sin incumplir la ley. Otro artículo de la Constitución, el 117 les da un enorme poder. Dice: "La justicia emana del pueblo y se ejerce por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

A un juez no le chista nadie. Durante la construcción reciente de un juzgado en una capital andaluza, eran frecuentes las incursiones en la obra de unos señores que no aceptaban la prohibición de entrar en un recinto peligroso para quienes no son profesionales: "¡soy juez!" argumentaban los intrusos. Un amigo que acompañó a su hermana para un caso de malos tratos, en otra capital andaluza, me cuenta que los citaron a las 09:00. Pasadas las 11:00 la juez salió a desayunar, y volvió hora y media más tarde, les atendió unos minutos y dijo que en tan poco tiempo no podía decidir, que la volvería a citar. Comprenderán que a mi amigo no le hayan emocionado esta semana los argumentos de Méndez de Lugo, Moreno y Rabasa. En Málaga era famoso un juez, antiguo miembro del CGPJ, que pasaba por su destino en un Juzgado de lo Civil un par de días en semana. ¿Y si todos los jueces se ponen a trabajar de 08:00 a 15:00, intensamente, sin pausa y dan un ejemplo a funcionarios y ciudadanía de cómo se comporta un poder del Estado? Los gestos públicos de estos días, de generoso apoyo a su compañero, llevan aparejado un cierto matiz de soberbia. Si hay algún problema, la culpa será de la Administración, de los secretarios, de los funcionarios, pero nunca de estos integrantes del Poder Judicial, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley.