LA Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la exigencia de la juez que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de que la Junta de Andalucía le remita todas las actas de todos los consejos de gobierno celebrados durante el periodo investigado (entre 2001 y 2010).

El Ministerio Público viene a refrendar, pues, la negativa del Gobierno andaluz a enviar las actas. Con todo, hay que señalar que, tras plantear un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo, el Gobierno de Griñán, después de un segundo auto conminatorio, remitió copia compulsada de la documentación requerida, que permanece cautelarmente guardada en un armario acorazado dentro del edificio de los juzgados. A la espera, precisamente, de que el Supremo decida quién tiene razón.

Lo que la Fiscalía argumenta es que la petición de la juez, Mercedes Alaya, de todas las actas "sin hacer una selección de las mismas ni tampoco delimitar con criterios más precisos el ámbito de lo interesado, constituye una actuación que difícilmente resulta compatible con la regla de la proporcionalidad". Sin saber de leyes y atenido a una lógica profana, opiné en su día eso mismo: que el requerimiento de Alaya es desproporcionado. Si el objeto de su instrucción son los expedientes de regulación de empleo en los que se han estado colando intrusos -han cobrado ayudas de la Junta sin tener derecho a ellas-, no tiene sentido que pretenda revisar todos los acuerdos sobre todos los temas tratados en todos los consejos celebrados durante diez años... salvo que su propósito sea instruir una causa general sobre la gestión del Gobierno autonómico.

No quiero creer, como creen algunos, que Mercedes Alaya tenga esa intención, que la vincularía más a un proceso político que a una instrucción judicial. Habría ayudado, desde luego, a preservar su imagen de independencia e imparcialidad si hubiese reclamado los acuerdos gubernamentales referidos a los ERE, olvidándose de todos los demás, que no le competen, y si no hubiese expresado literalmente, en su segundo auto, la sospecha de que el Gobierno de los andaluces podría ocultar o alterar el contenido de las actas, por lo que es ella quien debe custodiarlas. Se trata de un pronunciamiento inaudito que se sustenta en la presunción de culpabilidad de la Junta.

Antes de que cada cual se decante en función de sus prejuicios, convengamos en que Junta, juez y Fiscalía tienen sus razones y están legitimadas por el sistema democrático para exponerlas y defenderlas. Se impone esperar al dictamen del Tribunal Supremo y acatarlo y cumplirlo. Guste o no a la Junta, la juez y la Fiscalía, y a todos y cada uno de nosotros. Así funciona esto.