EL último escrito del juez Rafael Tirado al Consejo del Poder Judicial pidiendo que se le retire la sanción de 1.500 euros por su actuación en el caso del pederasta Santiago del Valle -presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés- arroja más luz sobre el caso de lo que quizás al propio juez le gustaría.

En efecto, Márquez no se limita a reiterar sus explicables argumentos de que las competencias sobre la ejecución de sentencias no corresponden a los jueces, sino a los secretarios judiciales, que la Fiscalía que propone sancionarle a él nunca solicitó la tramitación del caso y que este incidente, como otros, se debe a la escasez de medios de la administración de Justicia y, en particular, a la falta de interconexión informática entre los juzgados.

En esta ocasión el juez sevillano confiesa algo llamativo: que no disponía de ningún dato que le hiciera deducir la importancia o la urgencia del ingreso en prisión de Santiago del Valle. Por ahí canta la gallina. Si le parece irrelevante el dato de que el pederasta hubiera sido condenado en sentencia firme a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su propia hija, es que el juez tiene un problema, y nosotros también. Un profano sensato diría que un reo de abusos sobre su hija debería ser considerado peligroso para el resto de las niñas de su entorno y merecería, una vez sentenciado, no seguir en libertad como si fuera una persona normal o un arrepentido en fase de reinserción. Mayormente, por higiene social.

Volvemos al punto de partida: la sobrecarga de trabajo de los juzgados por insuficiencia de sus recursos, la inacción de la Fiscalía o la injustificable ausencia de un sistema de alerta informática son lamentablemente reales, pero no pueden servir de excusa para la negligencia del juez o de la secretaria judicial. Lo lógico es que ambos hubiesen activado sus propias alertas, aunque fueran artesanales, estableciendo prioridades en la maraña de asuntos que colapsan habitualmente su oficina. Es lo que se hace en todos los trabajos. No se puede dar la misma preferencia a un pederasta condenado que a un carterista de autobús. El daño que pueden hacer uno y otro si la justicia penal no está encima de su caso resulta, evidentemente, incomparable.

La interesada inculpación de Tirado por parte del Gobierno de la nación y de la Junta de Andalucía no puede conducir a su exculpación (hablo de responsabilidad, no de culpabilidad en el crimen de Mar Luz, por supuesto). Fue una negligencia no impulsar el encarcelamiento de Santiago del Valle, y 1.500 euros no parecen un castigo proporcional a la falta cometida. Y es más negligencia aún que el hecho se produjera por no encontrar motivos objetivos que llevaran a la cárcel al condenado por abusar de su hija.