EN el día de ayer, coincidiendo con la información del INE sobre el número de parados del primer trimestre del ejercicio, que alcanzó la cifra de 4.910.200, un 21,29% de desempleo y 297.400 parados más que hace un año, el Consejo de Ministro aprobaba la actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria y la Agenda de Reformas que el Gobierno remitirá a Bruselas para su aceptación, un buen momento para la reflexión.

Ha transcurrido ya casi un año desde que nuestro presidente Zapatero, tras la celebración del Consejo Europeo de marzo, anunció un plan de ajuste presupuestario que suponía un giro de 180 grados en la política del Gobierno socialista. Un ajuste inevitable impuesto por Bruselas y los mercados financieros. En esa misma fecha comentaba en uno de mis artículos que el plan anunciado implicaba la transmutación e inmolación de nuestro presidente, como recientemente se ha confirmado tras el anuncio de la retirada de su candidatura para las próximas elecciones generales. No obstante, afirmaba mi preferencia por el nuevo y reconvertido presidente Zapatero, más estadista y reformador, aunque fuera a la fuerza.

La reformas emprendidas desde ese momento con respecto a la estabilidad presupuestaria, el mercado de trabajo, las pensiones y el sistema financiero y los logros conseguidos en la reducción del déficit presupuestario, aunque insuficientes, han permitido recuperar temporal y parcialmente la confianza, tanto de los mercados financieros como de Bruselas. No obstante, debemos de ser conscientes de que aunque nos hayamos apartado del precipicio, seguimos estando demasiado cerca y los mercados vigilantes ante cualquier desfallecimiento o desviación de nuestros compromisos, recientemente ratificados con la aceptación del Pacto del Euro.

La tarea que nos queda no es fácil e implicará nuevos sacrificios y esfuerzos durante unos años más. El Gobierno se enfrenta a un dilema, ya que por una parte necesita reducir el endeudamiento público y privado, lo cual implica aumentar el ahorro y reducir la demanda interna, y al mismo tiempo crecer para generar nuevos ingresos y aumentar el crecimiento y el empleo, objetivos que a corto plazo son incompatibles. En el corto plazo, la reducción del gasto público, el aumento de los impuestos, la moderación salarial, el recorte de las pensiones, el necesario desapalancamiento financiero y la subida de los tipos de interés deprimirán el consumo y la inversión empresarial, amenazando la creación de empleo y creando expectativas negativas en los agentes económicos. Un proceso inevitable, ya que tenemos que reducir nuestra deuda en más de 300.00 millones de euros, lo cual implica que durante un largo tiempo las medidas de políticas de demanda van a actuar procíclicamente, perjudicando la actividad económica hasta que el ajuste de la deuda se haya completado.

Con las políticas de demanda secuestradas por el inevitable ajuste de la deuda, el crecimiento sólo puede venir por el lado de las políticas de oferta, es decir, por las reformas del sistema financiero, del sistema productivo, de los mercados y de la Administración pública, es decir, por las reformas estructurales y el sector exterior. Se trata de conseguir crecimiento a través del incremento de la productividad y como consecuencia, de una mayor competitividad exterior. Pero debemos de ser conscientes de que los frutos de estas medidas sólo se pueden recoger a medio plazo, siempre que la ejecución sea profunda y rigurosa.

Coincidiendo con la actualización del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas por el Gobierno es conveniente evaluar la suficiencia de las reformas hasta ahora emprendidas por el Gobierno.

La reforma del Sistema Financiero era inevitable. Sin crédito no hay inversión ni consumo y, por lo tanto, tampoco crecimiento y creación de empleo. El Gobierno está llevando a cabo la mayor reforma del Sistema Financiero desde el inicio de la democracia. El objetivo es conseguir entidades solventes y competitivas y para ello es necesario reducir el exceso de capacidad y el número de entidades, aumentar su capitalización y solvencia, incrementar la eficiencia y despolitizar y profesionalizar sus órganos corporativos (cajas de ahorro). No obstate, la reforma está siendo demasiado lenta y hasta ahora no se ha solventado totalmente el problema de la transparencia, básico para que la captación de capital en los mercados bursátiles tenga éxito.

El número de cajas de ahorro se ha reducido drásticamente y el proceso de reforma y capitalización está en marcha. El Banco de España y el FROB habrán evaluado a finales de este mes los distintos planes presentados por las entidades financieras. El plazo de ejecución de aquéllas que vayan a demandar ayuda pública finaliza en septiembre y aquéllas otras que pretenden acudir a los mercados bursátiles (Bankia, Banca Cívica, Mare Nostrum) tienen de plazo hasta marzo de 2012. Esto quiere decir que hasta bien avanzado 2012, el proceso de capitalización no habrá acabado y que el FROB continuará abierto algunos años más, para recoger a aquellas entidades que hayan fracasado en su salida a bolsa y también para propiciar una, muy probable, segunda ronda de fusiones. Mientras tanto, el crédito continuará restringido. Por otra parte, el proceso de despolitización de los órganos corporativos de las cajas sigue siendo una asignatura pendiente.

La reforma laboral acometida ha sido insuficiente, lo cual ha obligado a una segunda ronda de negociaciones con el objeto de acometer la reforma del núcleo del problema, la negociación colectiva. Es necesario conseguir flexibilizar, descentralizar y acercar la negociación a la problemática singular de cada empresa, ligando salarios con productividad. El objetivo final es que el mercado de trabajo sea capaz de transformar el crecimiento en empleo, y que los ajustes a la baja del mercado no se hagan exclusivamente a través de la destrucción de empleo en un mercado dual que perjudica a los más jóvenes.

Pero quizás una de las reformas más importantes sea la de la Administración pública que todavía no se ha acometido. Una economía en la que el gasto público alcanza el 50% del gasto total, difícilmente puede ser competitiva si su sector público no lo es también. Hemos conocido recientemente que el déficit de las comunidades autónomas de 35.967 millones de euros supera ya al del Gobierno Central (24.851 millones de euros). Es necesario adelgazar la administración central y sobre todo la autonómica, eliminar las duplicidades, aumentar su eficiencia y someterlas a un estricto control y limitación de déficit y endeudamiento público mediante una nueva ley de Estabilidad Presupuestaria. Otras reformas pendientes totalmente necesarias son la liberalización de los servicios, la energía, la educación y otras para garantizar un crecimiento sostenido y aumentar nuestra competitividad. En resumen, las reformas emprendidas van por el buen camino, pero son lentas, insuficientes y carentes algunas de ellas de profundidad. Nos queda un largo camino por recorrer.