MUCHOS presupuestos, sobre todo públicos, se aprueban cuando los dineros de las partidas de gasto están ya consumidas. Con los ingresos pasa igual: hasta que se producen, alguien los financia; un banco, el Estado. Por ejemplo, los ayuntamientos españoles, sin diferencia de credo ni región, reciben anticipos del Estado, que se estiman en función del pasado reciente de las cuentas municipales: si ingresé X en 2007, ingresaré X más algo en 2008, y así sucesivamente. El IVA es el impuesto que nutre mayormente estas trasferencias anticipadas. Pero 2008 no fue un año normal, cosa que, claro está, se debía haber tenido en cuenta al valorar los anticipos. Y en él se produjo el desplome histórico de la recaudación por IVA, que está vinculado al consumo, a la compra de casas y coches y a casi cualquier transacción. Los adelantos de ese 2008 se han demostrado, a la luz de la actividad real, exagerados (2009 va a ser otra bomba de relojería para muchos presupuestos locales). El Estado dice que los ayuntamientos tienen que devolver lo que se les adelantó de más. El problema es que esos dineros están archigastados. ¿Qué hacer ahora? El Estado reclama 600 millones. Algunos ayuntamientos piden plazos; otros, como Manresa por boca de Josep Camprubí, alcalde del PSC, dice que no se debe devolver "ni un duro". Otro alcalde catalán, Lluìs Recoder, esta vez de CiU, dice que esta situación es "escandalosa". No dice de quién es culpa el escándalo: de su propia gestión, del Estado que reclama lo que prestó de más, o si es escandalosa, un poner, la actitud del maestro armero. Los ayuntamientos grandes se han endeudado tradicionalmente muy por encima de los ratios razonables, pasando la patata caliente al que venga detrás (las grandes obras quedan hechas y con su placa atornillada), y a sabiendas de que hay mucho voto en el municipio, y que papá Estado no va a dejar abandonadas a sus criaturas. Un padre que no deja de toser y encorvarse.

El propio Estado -o, mejor, el Gobierno central- se debate entre el debe y el haber de su próximo presupuesto, recortando allí (presupuestos ministeriales, nóminas públicas, obras públicas, gasto social) e intentado alargar allá (subida del IVA y otros impuestos, venta participaciones de la SEPI en Iberia, Ebro o EADS… ¿algo más? Ah, sí, devolución de exceso de anticipos dados a los ayuntamientos).

Ante el adelgazamiento y debilitamiento del Estado que, paradójicamente, viene por la mano de un Gobierno de izquierdas, debe ser bienvenida la suavización en el recorte automutilador que Fomento iba a propinarse en obras públicas programadas, e incluso en las licitadas. Y no ya porque creamos o no en el multiplicador keynesiano, que podría ser enunciado, con permiso y disculpas a la academia, así: "Efecto benéfico sobre la actividad económica y la creación de empleo que tiene la inversión del Estado mediante el gasto público". ¿Que eso valía para la segunda posguerra mundial y es una falacia hoy? No lo sabemos bien, pero sí sabemos que meter 700 millones más de obra pública evita decenas de miles de nuevos parados: la gran debacle del empleo de la construcción estaba por venir. Y contenerla es una gran prioridad ahora. El Gobierno, alternativamente, podría no haber recortado los salarios públicos y no mermar el consumo, pero optó por eso ante la presión exterior… y la de la cruda realidad.

Sea como sea, y faltos de elixires quirúrgicos e incrédulos de los crecepelos, los 700 de inversión recuperada van a apuntalar unos buenos miles de empleos (y empresas). Por un tiempo, al menos. El largo plazo no existe sin el corto. Por supuesto, habrá quien diga que el anuncio de recorte del recorte de 6.000 se hizo para hacerle el trile a la UE y a las agencias de rating, y que las obras recuperadas son para nutrir criaderos de votos. O para contentar a constructoras afectas. Pero bueno.