Lección número uno para un gobernante: la falta de gestión se paga y los errores de gestión, también. La Junta de Andalucía y su presidenta han hecho un cursillo acelerado a cuenta de la crisis sanitaria que tiene su origen en una planificación pésimamente ejecutada. Sus consecuencias han sacudido a la opinión pública de varias provincias, adormecidas, como el resto de la región, durante años y que se han despertado cuando han visto conculcado uno de sus derechos fundamentales: el de disponer de una sanidad pública que responda a sus demandas más primarias.

Por fin esta semana, tras demasiado tiempo de dudas y de verlas venir, se ha visto iniciativa política en San Telmo. La destitución -disfrazada, como es habitual en estos casos, de renuncia- de los dos máximos responsables de los errores del proceso de fusiones hospitalarias y la anulación de lo que se había hecho hasta ahora era lo mínimo que podía pasar. El consejero, Aquilino Alonso, ha salvado por ahora el cargo. Pero no convendría olvidar que es el máximo responsable político de lo sucedido y que si permanece en el puesto es porque se ha confiado en él para enmendar lo mal hecho. Lo que resta de febrero determinará si el problema ha entrado en vías de solución o no.

El estallido social por las fusiones hospitalarias -en el que sería absurdo no ver también ciertas dosis de populismo y oportunismo político- responde básicamente a una programación hecha sin tener en cuenta las necesidades de la población en Granada, Huelva y, de forma más atenuada, Cádiz. La misma decisión, la integración en una misma dirección del Macarena y el Virgen del Rocío, se adoptó en Sevilla en 2012, cuando María Jesús Montero estaba al frente de la Consejería, y no pasó nada. O por lo menos, nada que se pudiera comparar con lo que se ha vivido durante estos meses. La medida, que obedece a un imprescindible proceso de racionalización y ahorro, no arregló ninguno de los muchos problemas que tienen los dos grandes hospitales sevillanos, pero tampoco los agravó hasta el punto de sacar a la gente a la calle.

En Granada, donde está el origen del problema y donde el cabreo de la gente ha alcanzado niveles pocas veces visto en una región acostumbrada al nunca pasa nada, se han hecho tan mal las cosas que la inauguración del hospital más completo que tiene Andalucía, y que para sí quisieran muchas ciudades españolas, ha sido vista por los ciudadanos como un agravio. Esto es una realidad que reconocen todos los implicados en el tema, al margen de que la aparición de un personaje como el médico Spirimán haya ayudado a echar leña al fuego, impulsado por un ego desbordado y una eficaz utilización de las redes sociales.

La Junta ha visto, quizás por primera vez en demasiado tiempo, que los errores se pagan y que no se puede contar de forma indefinida con el conformismo de la gente, con la queja expresada en voz baja que se olvida cuando llega la hora de votar, quizás por la falta de alternativas. La ciudadanía, que está dispuesta a ignorar cuando acude a la urnas cosas tan graves como la corrupción, no aguanta que se lesione su derecho a la sanidad o la educación.

Al Gobierno de Susana Díaz y a la propia presidenta les han dado la lección cuando menos les convenía. En un momento en el que la atención nacional está centrada en ella y en sus planes, todavía no oficializados, de aspirar al liderazgo del Partido Socialista, lo que menos le conviene es una crisis como la sanitaria, que le proyecta una imagen de ineficacia y le deja un peligroso flanco abierto para los ataques de la oposición y también de sus propios rivales internos. Susana no lo va a tener fácil en los próximos meses. Va tener muchos frentes que atender. Pero lo que no puede permitirse como presidenta de la Junta es, precisamente ahora, errores ni debilidades.