Editorial

Un lehendakari amortizado

LA reunión que el próximo día 20 de mayo mantendrán el presidente del Gobierno y el lehendakari Juan José Ibarretxe en La Moncloa tiene los mismos actores que la de hace cuatro años, pero con los papeles cambiados. Rodríguez Zapatero era entonces un recién llegado a la Presidencia del Gobierno que había ganado las elecciones en las circunstancias especiales del 14-M, mientras que Ibarretxe era el líder nacionalista experto que acudía con el soberanismo en el bolsillo como moneda de cambio para un acuerdo de legislatura que entonces necesitaba el PSOE. El entonces denominado plan Ibarretxe (un nuevo Estatuto) fue aprobado por la Cámara de Vitoria a finales de 2004 con los votos precisos de los parlamentarios de la ya entonces ilegalizada Batasuna. El Congreso rechazó el texto, e Ibarretxe adelantó las elecciones unos meses para convertirlas en una suerte de plebiscito que no le fue favorable: el PNV perdió apoyos. En esta huida hacia adelante, Ibarretxe elaboró una hoja de ruta que pasa por realizar una consulta de corte soberanista en el País Vasco el próximo 25 de octubre, para lo que necesitaría, de nuevo, los votos del entorno de ETA-Batasuna, materializados ahora en los parlamentarios del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sin ellos, la Cámara vasca no podría aprobar el junio la convocatoria de consulta. Pero Ibarretxe está aún más débil, el PSOE ganó por primera vez en las elecciones generales en todas las provincias vascas con un número de votos superior a la suma de los partidos del Gobierno tripartito - PNV, EA e IU-, una coalición dividida y acabada. Además, dentro del PNV hay cada días más voces en contra de esta deriva de Ibarretxe, que ahora quiere ofrecer al presidente del Gobierno un acuerdo basado en los supuestos acuerdos de Loyola, unos esbozos pactados entre PSOE, PNV y Batasuna durante el proceso de negociación con ETA. La única consulta que cabe en el País Vasco son unas elecciones autonómicas que aclaren el mapa electoral, y cabe esperar del Gobierno el rechazo firme de cualquier aventura estatutaria de dudosa constitucionalidad.

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