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Rafael Padilla

Por la lengua común

A uno, que por su profesión está acostumbrado a interpretar normas endiabladas, le asombra el desahogo interesado con el que determinadas minorías -y no precisamente incultas- se empeñan en oscurecer las más simples y obvias. Si nuestra Constitución dice que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla", cualquier política, se justifique como se justifique, que tienda a debilitar ese mandato, a perseguir el castellano, arrinconarlo y finalmente excluirlo de determinados territorios, se sitúa extramuros de la legalidad constitucional. No vale ampararse en el número 3 de ese mismo artículo tercero de la Constitución ("La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección") para construir muros infranqueables que estabulen a la ciudadanía, que apuesten por la incomunicación y coarten el ejercicio pleno de los derechos individuales, porque ello supondría un verdadero fraude de ley, un error gigantesco, una imbecilidad y una canallada.

Por estas razones, para mí incontestables, he firmado el Manifiesto por la Lengua Común, promovido por un grupo de intelectuales españoles, que no hace sino poner negro sobre blanco principios fundamentalísimos, aunque maliciosamente erosionados en la maraña de disposiciones autonómicas que hoy instrumentalizan el idioma como elemento diferenciador al servicio de utopías elitistas. Solicitar que la lengua castellana sea común y oficial en todo el territorio nacional, que todo ciudadano que lo desee pueda ser educado en ella, que cualquiera pueda ser atendido institucionalmente, también, en cualquiera de las lenguas oficiales, o que en la vida cotidiana -comercial, administrativa, de mera información pública- sea respetada la cooficialidad, expresa una reivindicación tan básica que difícilmente puede ser desoída o reprochada.

Para mi sorpresa, no han faltado voces que atisban en el Manifiesto la intención de eliminar las otras lenguas -lo que su propio texto desde luego desmiente- o que encuentran en sus líneas, que ya es encontrar, reminiscencias de aquellas proclamas franquistas que exaltaban la "lengua del imperio".

Allá ellos y su lógica. A lo peor es que lo normal es reclutar "dinamizadores" -ha ocurrido en Mallorca- que fiscalicen el bon parlar. O que los críos tengan que renunciar a su herencia cultural. O que se marque para su escarnio -¿a qué me recuerda?- a los desafectos. Quizá es que yo haya perdido ya la cabeza y no comprenda las ventajas de esta España troceada y amurallada que, con tanto celo, detalle y hasta crueldad, se nos oferta por los intérpretes auténticos del "progreso" y de la "modernidad".

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