La esquina

José Aguilar

La ley de Mahoma

LO malo, con ser muy malo, no es que haya un sindicato que se bautiza como independiente y de los trabajadores dedicado íntegramente al lucro de sus organizadores, que haya estado al menos dos años perpetrando una estafa al dinero de los contribuyentes, que haya repartido diplomas y certificados de estudios que nunca se han realizado, a 80 euros por cabeza.

Lo malo es que llueve sobre mojado. Que es vox pópuli que al rico panal de los ingentes fondos destinados a la formación de trabajadores sin empleo han acudido a aprovecharse elementos desaprensivos que juegan con la necesidad ajena simulando cursos que nunca se hacen, que se les ha visto en barrios y pueblos concentrando a la luz del día a sus clientes para entregarles, previo pago, los documentos que avalan falsariamente que han realizado los estudios que les habilitan para lograr un trabajo o sumar puntos en las bolsas de organismos públicos. Que en Cádiz, y también en otras provincias, hay demasiada gente viviendo de la subvención tramposa, el chanchullo a la Seguridad Social y la irregularidad socialmente aceptada. Y que la autoridad correspondiente permita el relajo tan manifiesto de los controles e inspecciones legalmente establecidos.

De modo que la operación Catis, que tuvo que investigar la Guardia Civil a raíz de una denuncia anónima, es sólo un ejemplo del amplio despliegue de operaciones Catis que el sistema de formación laboral y protección social necesitaría para su depuración. Y ahora viene lo más grave: nos escandalizamos con los detenidos por el fraude, que bien detenidos están, denunciamos con fuerza la pasividad de las autoridades que deben velar por el cumplimiento de la ley, pero ¿qué decir de nuestros paisanos que han buscado y logrado el falso diploma que los privilegia a la hora de encontrar un empleo en perjuicio de los que honradamente no se han atribuido los estudios que no cursaron?

Pues que estos ciudadanos también han defraudado. Por una especie de extensión de la ley de Mahoma, tan estafador es el que da (el diploma adulterado) como el que lo toma. Pagan a los que organizan la estafa y, a su vez, estafan al erario público, y de manera especial a los compañeros parados que concurren a los mismos -escasos- puestos de trabajo que ellos copan de manera espuria. No sé si eso estará catalogado como delito, si en caso de estarlo se puede demostrar ante un tribunal y, en fin, si es posible montar un proceso con tantos implicados. Pero la responsabilidad directa no se la quita nadie. Cada uno de ellos sabe que ha obrado mal. Con esta catadura moral y cívica no llegamos a ninguna parte.

Etiquetas

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios