EL Senado aprobará el proyecto legislativo conocido por ley Sinde (en alusión a la ministra de Cultura) cuyo articulado más llamativo permitirá el cierre de los portales de internet que hacen posible descargarse gratuitamente contenidos de música o cine sujetos a derechos de autor. El texto volverá para su aprobación definitiva al Congreso con el visto bueno de la Cámara Alta gracias al pacto de última hora entre el PSOE, PP y Convergencia i Uniò, que suman amplias mayorías en las dos instancias parlamentarias. Las principales novedades con respecto al proyecto que fue rechazado en el Congreso consisten en aumentar la tutela judicial de todo el proceso que puede conducir al cierre de una web, agilizar los plazos desde la denuncia a la clausura decidida por el juzgado y -otra demanda del PP- adecuar el polémico decreto sobre el canon digital a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que consideró que su aplicación no podía ser indiscriminada, afectando a todas las personas física y jurídicas, como dictó el Gobierno. El proyecto legislativo ahora pactado, que ha causado descontento entre los creadores y también entre los internautas, presenta aspectos bien razonables y que buscan una posición intermedia entre las exigencias de unos y otros. Por un lado, perseguirá la piratería y no a los internatutas individuales que se benefician de las descargas ilegales, protegiendo los derechos de autor; por otro, coloca todo el proceso en manos de la autoridad judicial, evitando el peligro de que una comisión ministerial actuara con fines censores o restrictivos de la libertad de expresión. Tiene también insuficiencias. Por ejemplo, queda la duda de si el sistema judicial español está preparado para dictar sentencias en el corto lapso de tiempo que haría falta para que los creadores no sean perjudicados en cuanto se distribuyan sus producciones, que es cuando esperan mayor rentabilidad. Tampoco se ha tocado, y debe hacerse, una nueva regulación de la propiedad intelectual, que ha quedado obsoleta.