Yalfin llevaron al Congreso/la ley suprema, la famosa,/la respetada, la intocable/ Ley del Embudo (Neruda). Clamaba el poeta chileno su indignación frente a la proclamación de la desigualdad de los ciudadanos frente a la ley. La ley del embudo hace referencia precisamente a ese tipo de procedimiento que establece condiciones ventajosas para unos pocos, en detrimento del resto, obligado a soportar otras más exigentes y severas. Para unos la parte estrecha y para otros la ancha. La consecuencia es que al final las cosas siempre se mueven en la misma dirección. Siempre entran por la parte ancha y salen por la estrecha, resultando harto improbable que el movimiento pudiera producirse en sentido contrario. De esta manera se garantiza el flujo de los acontecimientos en la dirección deseada y la confluencia de todas las iniciativas en el mismo punto y si alguna tiene la pretensión de buscar caminos alternativos, su condena al fracaso es absoluta y sin paliativos.

Pero, ¿existe verdaderamente voluntad de hacer que las cosas funciones de otra manera? Zapatero y Griñán postularon un cambio de modelo productivo y lanzaron su propuesta del triple pilar de la sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental; pero todo parece haberse desvanecido con el tiempo y las inclemencias de la crisis financiera. El vocablo preferido por el nuevo Gobierno para definir su estrategia política es el de reforma, aunque a veces se tiene la sensación de que se sigue pensando que cuando se consiga enderezar el rumbo y alejarnos definitivamente del centro de la tormenta, en el que llevamos instalado cuatro años, volveremos a estar básicamente como antes. El Gobierno parece confiar en que una vez corregido el desequilibrio en las cuentas públicas y recuperada la confianza en los bancos, la situación comience a normalizarse, a fluir el crédito y a la creación de empleo, aunque algunas cosas hayan cambiado sustancialmente, como el mapa bancario o la legislación laboral. Los más escépticos desconfían de los efectos de la reforma laboral y de las consecuencias adversas de una concentración bancaria excesiva en términos de competencia, pero sobre todo de que la avalancha de compromisos para cambiar el modelo político y el económico durante las primeras manifestaciones de la crisis se haya desactivado con el paso del tiempo.

De la plena vigencia de la ley del embudo se adquiere conciencia al preguntarse por los cambios en el modelo político, entre ellos los relacionados con los privilegios que el propio sector público se concede a sí mismo y a las organizaciones y grupos de interés cercanos, pero que suponen agravios para cualquier ciudadano obligado a dirigirse hacia el vórtice del embudo. Alguno de esos privilegios han comenzado a caer, como el de la presencia de políticos activos en los órganos de dirección de las cajas de ahorro, y otros están a punto de hacerlo, como el de la impunidad penal de partidos políticos y sindicatos, pero la mayor parte de las anomalías que se reproducen en el entorno del poder siguen manteniendo su vigencia y no existen señales de cambio en el horizonte. Se advierte al observar a los jueces agrupados en asociaciones profesionales de marcada orientación ideológica, a los órganos de fiscalización del propio sector público, al frente de los cuales figuran responsables nombrados directamente por los propios partidos políticos, la falta de independencia de los medios de comunicación o la extrema protección laboral del funcionario por encima de cualquier posible incidencia, incluida la incompetencia. Uno de los casos que provoca mayor indignación es la denuncia de contratación de decenas de miles de personas para trabajar en empresas públicas andaluzas por vías a las que sólo han tenido acceso los más cercanos al partido en el gobierno y a los sindicatos, sólo comparable al escándalo de los EREs falsos. Situaciones parecidas se han producido en corporaciones locales de todos los colores políticos, aunque los verdaderos obstáculos al cambio se desarrollan, sin embargo, a través de otros mecanismos mucho más sutiles.

J. Santaló publica en Nada es Gratis, blog especializado en temas económicos, su reflexión sobre lo que pintan los políticos en los consejos de administración de las empresas privadas. El tema viene a cuento de la fuerte crítica en The Wall Street Journal al enfrentamiento entre los Ministros de Industria y Hacienda acerca de la pretensión del Gobierno de un impuesto sobre la energía. El primero defendía su aplicación exclusiva a las renovables, que son las que habían recibido las ayudas públicas que explican el déficit tarifario que está provocando que la electricidad española sea una de las más caras de Europa, a lo que se opuso el segundo, cuyo hermano trabaja para empresas del ramo. Después de revisar la literatura al respecto, Santaló concluye que las empresas consiguen rentabilizar ampliamente el coste de incluir a políticos influyentes en sus consejos, sobre todo cuando se trata de empresas que trabajan habitualmente para el sector público, o si reciben o esperan recibir ayudas públicas. Ante este estado de las cosas me inclino a pensar que el órdago independentista catalán no se basa tanto en la pretensión de sus promotores de aprovechar el descontento popular con la crisis, sino más bien la decepción ciudadana con unas promesas de cambios que apuntan a quedar en nada.