alto y claro

José Antonio Carrizosa

Las manos a la cabeza

ESTOY convencido de que a estas alturas del partido nadie en Andalucía piensa que la instrucción que la juez Mercedes Alaya lleva adelante sobre el controvertido caso de los ERE de la Junta es neutra. Que no sea neutra no significa que se salga de los márgenes de la legalidad o que conculque derechos de las partes afectadas. Ni mucho menos. De hecho, hasta ahora, por más que desde el Gobierno de Griñán se haya insinuado, no se le ha podido coger en un renuncio ni se ha podido ir más allá del conflicto de competencias por las actas de los Consejos de Gobierno. La magistrada no ha dado ningún paso en falso ni ha cometido errores. Está demostrando, en este sentido, una profesionalidad y una capacidad de trabajo realmente encomiables. Pero su instrucción es polémica porque acompaña -entendamos que más por pasiva que por activa- una estrategia política con fines muy claros.

Que sus actuaciones no son neutras se podría argumentar con la colocación de determinadas comparecencias en fechas muy concretas, con la imputación de personas en momentos especialmente sensibles del devenir político o en el sentido que adquieren determinados autos en los que se apunta lo más alto posible. Nada, desde luego, que pueda dar lugar a una recusación, pero sí cargas de profundidad de mucha envergadura y con consecuencias muy evidentes.

Sentado esto, no hay más remedio que llevarse las manos a la cabeza a la vista de lo que se va conociendo de la trama de delincuencia organizada instalada durante años en la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz. Lo que conocemos hasta ahora y lo que se intuye que puede venir en las próximas semanas es ya, sin duda, el mayor caso de corrupción política que hemos vivido en Andalucía en los últimos treinta años y uno de los más graves de la historia reciente de España. Los personajes y personajillos que hasta ahora han desfilado ante la juez y que han tirado con mayor o menor fuerza de la manta han dejado al descubierto un estercolero en el que el dinero público era usado para fines delictivos con una impunidad que estremece. Hay ya un consejero imputado y otro que si no lo está es por su fuero especial, que haría a la juez perder el control del caso. Vamos a asistir, para no perder la costumbre, a una campaña electoral donde habrá que estar igual de atentos a los anuncios de los partidos que a los juzgados del Prado. Para las vísperas electorales está anunciada una nueva comparecencia del ex director de Empleo, Javier Guerrero, donde se disparará por elevación. Cómo un personaje de la talla moral del tal Guerrero pudo llegar al cargo que ocupó durante años es algo que alguien tendrá que explicarles algún día a los andaluces. Esas cosas se terminan pagando y el precio nunca es barato.

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