CUANDO por fin se restaure (si es que algún día se hace y dejan de echarse el muerto -léase la ruina- unas administraciones a otras) y se destine a algo más digno que almacén provisional de Bomberos, la Fábrica Real de Artillería no debería albergar los anunciados usos culturales y de ocio. Basta ya de despilfarrar dinero en el mecenazgo cultural costeado con fondos públicos (otra cosa es el cuidado del patrimonio), sobre todo cuando tanto se habla del peligro de traspasar las líneas rojas de la Sanidad o la Educación a causa de la crisis.

Por el contrario, ésta podría ser la ocasión para acabar con la aberración del Estado mecenas. Y permítanme que me explique. Como afirma Marc Fumaroli en El Estado Cultural. Una religión moderna, cuando el Estado impulsa la reducción de las Artes y las Humanidades a una Cultura estatalizada que después separa de la Educación, y finalmente patrocina como un arbitrario mecenas que actúa con dinero público, se entra en el ámbito enfermo del Estado Cultural.

Antes de este mal crecido en Europa desde los años 50 del pasado siglo, el Estado se ocupaba de la conservación del patrimonio como resultado de un loable proceso iniciado en el XVIII con la creación de las Academias y los museos públicos (Británico en 1759, Uffizi en 1765, Louvre en 1793, Prado en 1819). A lo largo del siglo XIX creció en España la sensibilidad patrimonial (Comisiones Provinciales de Monumentos, 1844) y educativa, siempre ligadas entre sí, que culminó en 1900 con la creación del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, del que dependía la protección del patrimonio.

Desde la Constitución de 1931 hasta la Ley de 1985 el Estado español se ha preocupado por la conservación del patrimonio, actualizando los conceptos por primera vez recogidos en la Constitución republicana: "Toda la riqueza artística e histórica del país […] constituye el tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado […] que asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural…".

Garantizar estos avances está fuera de toda discusión. El doble valor que otorga el tiempo, como antigüedad que convierte la obra en documento y como maduración del juicio sobre su valor, garantizan que el dinero público invertido en la conservación del patrimonio común se reintegra a los ciudadanos a través de la protección de lo que es, en el estricto sentido de la palabra patrimonio, el conjunto de los bienes que todos los ciudadanos han heredado de sus ascendientes. Otra cosa es el Estado mecenas, del que me ocuparé mañana.