Editorial

Una medida a todas luces electoralista

EL Gobierno de España ha anunciado a los sindicatos que devolverá en la nómina de este mismo mes el 50% de la paga extra de Navidad de 2012 que aún adeuda a los funcionarios de la Administración General del Estado y del Ministerio de Justicia. En sí misma esta noticia no tendría mayor comentario, ya que, desde que suprimió dicha paga en unos momentos dramáticos debido a la crisis económica, el Ejecutivo de Mariano Rajoy había asegurado que, tarde o temprano, devolvería la cantidad a sus legítimos beneficiarios. Sin embargo, el anuncio del Gobierno popular se produce bajo dos circunstancias. En primer lugar, ayer mismo anunció que eleva la previsión del déficit público para el presente 2016 y el próximo 2017. En segundo lugar, ya se da prácticamente por hecho que se celebrarán nuevas elecciones generales el próximo 26 de junio.

Como era de esperar, el anuncio de la devolución de la paga extra a los funcionarios ha provocado una cadena de quejas por parte los de sindicatos y la oposición, que creen, no sin razón, que la medida tiene mucho de electoralista. En unos momentos en los que el PP está bajo mínimos debido a los últimos presuntos casos de corrupción (con la dimisión de todo un ministro), la devolución de esta cantidad puede mejorar las simpatías del Gobierno entre un colectivo numeroso como el del funcionariado. Según los cálculos del CSIF, la medida beneficiará a unos 227.000 empleados públicos, un pastel nada desdeñable con unas elecciones por delante en las que cada voto puede ser decisivo.

El convencimiento de que estamos ante una medida claramente electoralista se refuerza al comprobar que su coste oscilará entre los 450 y los 547 millones de euros, según la fuente que realice el cálculo. Este desembolso se ejecutará en unos momentos en los que, tal como indican los últimos datos, el déficit público español se ha disparado y en los que el Gobierno central le está exigiendo a las comunidades autónomas un esfuerzo en la contención del gasto. Aunque la medida, al estar contemplada en los Presupuestos de 2016, no afecta a las previsiones del déficit, sí proyecta una dudosa imagen de España en unos momentos en los que vuelve a estar en el punto de mira de Bruselas por la falta de disciplina en las cuentas públicas.

Nadie pone en duda que el Estado debe a los funcionarios estas cantidades, pero sí se puede cuestionar el momento y la coyuntura elegidos. Claramente, en el Gobierno ha pesado la proximidad de las posibles elecciones del 26 de junio.

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