la tribuna

Gerardo Ruiz-Rico

La milonga de los derechos

NO se trata sólo de un género musical, de origen argentino y que se toca acompañada de guitarra. Dice el diccionario que la milonga es también, en sentido coloquial, sinónimo de engaño o mentira. Obviamente es este segundo significado el que le han dado al término ciertos líderes del Partido Popular -en el Gobierno del Estado y en la oposición de nuestra comunidad- a un buen número de derechos y libertades que han quedado plasmados en el texto de la Constitución de 1978.

Gracias a ésta y a las leyes con las cuales se ha desarrollado, España había superado estos últimos años su tradicional condición de sociedad anacrónica y encorsetada por principios ideológicos y religiosos caducados. Pero debemos estar viviendo una nueva edición de esa servidumbre que, como pueblo, nos conduce a claudicar, casi de forma inevitable y periódica, ante aquellas doctrinas que no soportan la liberación de la mujer, que reniegan -solapadamente, eso sí, para no perder votos- del valor de la igualdad real y la justicia social, o que especulan con la conservación del medio ambiente porque, a su parecer, esto es no es un derecho constitucional sino otra "milonga" más de ilusos ensoñadores.

La representación efectiva de las intenciones del actual Gobierno de la nación no deja pie a la duda sobre la verdadera intención que inspira algunos de sus primeros actos. Pero en esta verdadera operación de barrido legal, orquestada sobre todo para conseguir el aplauso de su electorado más ultraconservador, no sólo se están intentando marcar las necesarias distancias con el, desde su óptica política, incuestionable error histórico de la etapa zapaterista. El problema es que las primeras medidas anunciadas del Ejecutivo popular representan una verdadera "contrarreforma constitucional", y no sólo legislativa. Sinceramente creemos que el término hace justicia al resultado que puede llegar a producirse de mantenerse esta tónica general a favor del debilitamiento de los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos y de infravaloración irresponsable de libertades civiles, que ya no se oculta, sino que se ha hecho explícita y descarada en ciertas decisiones adoptadas por el ministro de Justicia, político al cual se había adjudicado, equivocadamente, la condición de moderado liberal.

Los recortes afectan, o pueden afectar si no se atenúan los primeros impulsos ideológicos de este gobierno, a principios y valores constitucionales que son esenciales para nuestra democracia. Hay una ligereza imprudente en el tratamiento que está recibiendo nuestra soberanía política en el seno de las organizaciones internacionales, sometida sin paliativos ni maquillajes a los designios que nos marcan los mercados u otros terceros estados. Algo similar está sucediendo con nuestro modelo territorial. Tiene lógica y sentido sospechar que al término de la presente legislatura en las comunidades autónomas -la mayoría, porque al País Vasco y Cataluña no creo que las quieran tocar-, su autonomía política haya sido rebajada a la condición de una mera autonomía administrativa. Y no se olvide que la descentralización de este país no era sólo cuestión de identidades diferenciales, sino de profundización en la democracia y acercamiento de la Administración a los ciudadanos.

La crisis está sirviendo de pretexto para desmantelar las bases de un sistema de protección social construido en torno a los compromisos sociales de nuestra Constitución. Cualquier política que se tome a broma -lo de la milonga suena a chiste malo de verdad- sus objetivos y fines en materia de derechos sociales y libertades civiles se estaría situando al margen de ese mismo sistema constitucional. No fue ésa la aspiración de nuestros constituyentes, cuando imaginaron en el diseño normativo de nuestra democracia una sociedad distinta a la que marcaba la tradición, moderna en sus actitudes culturales, desarrollada de forma justa y sostenible.

El listado de derechos damnificados es bastante amplio. Desde el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad, en un plazo razonable de tiempo, a la "conversión" de esa diabólica asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía; desde el ensanchamiento del Código Penal para perseguir delitos del imaginario político que deberían ser sancionados sólo por las urnas, a la persecución que se avecina del inmigrante irregular, como una especie de nuevo apestado de una sociedad económicamente decadente; sin olvidar la renuncia a la paridad de género, sólo una absurda invención feminista, o la segunda versión de una nueva burbuja inmobiliaria en un litoral plagado ya urbanizaciones incontroladas.

La milonga suena, en definitiva, como una música que nos suena a réquiem por las libertades; a no ser que seamos capaces de asumir la responsabilidad que nos incumbe frente a quienes han decidido convertirnos de nuevo en vasallos de su ideología.

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