LA tipificación de las prestaciones que una Administración debe acometer con funcionarios y cuáles decide gestionar mediante contratos con empresas privadas es un traje reversible según conveniencias o presiones. Todo puede llegar a ser un servicio público porque se le atribuye mayor sentido de la responsabilidad, y todo puede externalizarse cuando se invoca la eficacia y la cuantía. Una visión capciosa argüirá que son dos formas de privatizar: quienes tienen empleo en el aparato burocrático (y quienes lo dirigen) primero piensan en ellos y después en el prójimo, demonizando todo intento de quitarles competencias; quienes buscan la contrata maximizan su interés por el beneficio aun a costa de mermar la calidad de la tarea que acometen.

En esta dicotomía sobre si lo mismo da que da lo mismo, sugiero que consigan el boletín elaborado por la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento. Aluvión de datos y de fotos sobre cómo dejan los parques, jardines y medianas las empresas a las que se ha contratado para ello, y cómo deben quedar aplicando los criterios adecuados sobre podas, utensilios y meses adecuados para efectuarlas. Aunque se les pudiera acusar de barrer para casa, la documentación que aportan es digna de debate en el Pleno municipal.

La tala de árboles de gran porte en el Parque de los Príncipes, en lugar de sanarlos con termicidas o fungicidas; el desmochado de la vegetación en las medianas de Sevilla Este; el desastroso arrancamiento y trasplante de arrayanes junto a las murallas de la Macarena, con más de un 70% de las plantas muertas, o la aniquilación de los rosales chinos en la mediana de Torneo, son algunos de los ejemplos documentados en dicho boletín. Da que pensar si estamos pagando por duplicado esos servicios a fuer de sus deficiencias: primero a la contrata privada, y después a los empleados públicos para que palien el daño. ¿Eso es desarrollo sostenible?