EN los últimas días se viene produciendo un deterioro acelerado de la confianza en la economía española por parte de los mercados, de analistas e instituciones internacionales y de los propios ciudadanos españoles. El desplome de la Bolsa ha sido el indicador más significativo, pero encuentra su fundamento en el elevado déficit público y las dificultades para reducirlo, el aumento del paro y las perspectivas negativas del mercado de trabajo, en el aumento de la prima de riesgo de la deuda española, en las negativas previsiones del PIB español en un entorno de recuperación económica y en la desconfianza en las instituciones nacionales para enfrentarse con solvencia a la situación. Instituciones que se concretan singularmente en el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero que se extiende a los partidos de la oposición, como ponen de manifiesto las últimas encuestas del CIS, y también a los sindicatos, patronal o comunidades autónomas, que continúan con sus discursos y proyectos en defensa de sus propios intereses sin asumir responsabilidades en un momento tan delicado.

Al agotamiento de un patrón de crecimiento con los pies de barro se sumaron los estragos de la crisis financiera internacional y, ante ello, un gobierno acostumbrado a gobernar con continuados aumentos del gasto público y rehén de sus discursos y equilibrios políticos ha sido incapaz de valorar la gravedad de la crisis y adoptar un programa coherente de política económica, adoptando en cambio medidas erróneas, contradictorias o improvisadas, a la espera de que la recuperación de la economía internacional tirase de la española. Pero en este tiempo el deterioro se ha ido acentuando y los potenciales efectos de arrastre de la economía mundial han sido intrascendentes por la debilidad competitiva de la economía española.

Y para rematar la situación, han hecho su aparición los animal spirits a los que se refería Keynes. En poco tiempo hemos pasado de creernos la locomotora de Europa a un país sin futuro en uno de los clásicos bandazos del estado de ánimo de los españoles, mientras que los inversores institucionales (especialmente los hedge funds) toman posiciones a la baja en los mercados más en función del comportamiento que esperan de los demás inversores que de los propios fundamentos de la economía española y de las empresas cotizadas.

Sin embargo, seguimos siendo un país desarrollado (la novena economía del mundo y la número 26 en términos de PIB per cápita), con innegables logros sociales y económicos en las últimas décadas, con empresas que destacan en diversos sectores en la economía mundial, con una sólida base infraestructural y con un importante capital humano, por lo que si bien nuestros problemas coyunturales son graves existen bases sobre las que levantar el país.

Para que la pérdida de confianza no siga deteriorando nuestra economía y nuestra reputación internacional es urgente que desde el Gobierno se realice un diagnóstico riguroso de la situación y se adopten las políticas consecuentes, tanto para abordar los desequilibrios a corto plazo como para afrontar las ineludibles reformas estructurales que permitan recuperar la capacidad competitiva de la economía española. Estas actuaciones exigirán sacrificios que deberá soportar toda la sociedad española, por lo que su definición e implementación tendrán elevados costes políticos que ni puede ni quiere soportar el actual gobierno.

Por ello, se hace necesario y urgente un acuerdo nacional entre los principales partidos políticos para afrontar la delicada situación y perspectivas. Al Gobierno debe pedírsele humildad y disposición real al acuerdo. A la oposición que tenga la generosidad de trabajar en positivo por los intereses de España aplazando los beneficios electorales que el deterioro del Gobierno pueda reportarle. A los sindicatos que asuman las ineludibles reformas sin maximalismos imposibles. A las restantes administraciones (muy especialmente a las comunidades autónomas, principales ejecutoras del gasto público) que compartan el ejercicio de austeridad. Al sistema financiero que realice de una vez los ajustes pertinentes y que permitan el flujo de crédito imprescindible para la recuperación. Y a los ciudadanos en general que no se dejen arrastrar por la frustración y adopten comportamientos económicamente razonables, no exigiendo prestaciones o servicios públicos imposibles, con una ponderada distribución de su renta entre consumo y ahorro, y mejorando su potencial aportación a la economía en capital humano.

La situación de España es preocupante, probablemente la más delicada desde la Transición, pero no vamos a dejar de ser un país desarrollado económica y socialmente en unos meses. Ahora bien, si no actuamos todos con responsabilidad en este momento corremos el riesgo de un persistente deterioro de nuestra posición relativa en el mundo.