HACE unos cuantos días Susana Díaz compareció en público para presumir que su Gobierno había cumplido sus primeros 30 días y ya había puesto en marcha 30 medidas, la mayor parte de ellas de contenido social. La presidenta alardeó de que se había pisado el acelerador y de que el ritmo alcanzado debía ser el que se imprimiera al conjunto de la legislatura. La intencionalidad política estaba clara: la Administración andaluza ha transmitido una imagen de inacción que convenía romper. La disolución anticipada del anterior Parlamento, la convocatoria electoral y el largo proceso hasta que se consiguió negociar con Ciudadanos el sí a la investidura hicieron que la Junta, en la práctica, se paralizara y que muchos asuntos quedaran parados por falta de responsable político. Es algo que no debe de extrañar y que es común cuando un equipo político sucede a otro aunque, como en este caso, pertenezcan al mismo partido. Lo singular de lo que ha ocurrido esta primavera en Andalucía es que los plazos se prolongaron mucho más de lo que es aconsejable porque las estrategias partidistas, como desgraciadamente es norma, se pusieron por delante de los intereses generales. Muy poco habían cambiado las cosas entre los tres plenos parlamentarios que le dijeron no a la presidenta y el cuarto que le dijo que sí; sólo que ya se habían celebrado las elecciones municipales y que ya cada formación tenía claras las cartas que podía jugar. Partidismo puro.

Pero la formación de Gobierno y la puesta en marcha de medidas que pretenden sentar las bases de una legislatura volcada en lo social no corrigen el problema de fondo que provoca que una buena parte de la opinión pública más cualificada tenga la sensación de que los asuntos en la Administración se atascan y es imposible sacarlos para adelante. Esa realidad, que sobre todo viven muchos empresarios que intentan poner en marcha proyectos que crearían riqueza y empleo, tiene mucho más que ver con el clima de sospecha generalizada que se ha instalado en la vida pública que con la muchas veces presunta incapacidad o desidia de los gestores. Si bien éste es un problema que afecta ahora a toda España, en Andalucía, y hay motivos para ello, adquiere dimensiones de auténtica paranoia. Cualquier alto funcionario que valide un documento o adopte una decisión medianamente comprometida para agilizar un trámite puede verse inmerso en una investigación judicial o ser llamado a declarar en calidad de detenido como parece que, increíblemente, se ha puesto de moda por parte de la Policía y la Guardia Civil. En definitiva, puede ver su carrera y su vida arruinadas para siempre bajo la sombra de una imputación que en la práctica supone una condena y muchas veces una suerte de muerte civil. La situación ha llegado a extremos tremendistas en el caso de las supuestas irregularidades en la concesión minera de Aznalcóllar, pero se arrastra en el puñado de macrocausas iniciadas por la juez Alaya o en otros casos que han salpicado últimamente la actualidad andaluza como el que ha afectado a la gestión del Patronato de la Alhambra.

La situación ha sido denunciada recientemente en destacados foros empresariales. Hay que seguir haciéndolo, porque es necesario que se tome conciencia de que estamos ante un problema de dimensiones más que considerables. Existe en estos momentos en la vida administrativa una situación de zozobra que paraliza proyectos e inversiones y eso es, precisamente, lo último que Andalucía necesita. Los altos funcionarios y los políticos tienen unas estrictas normas legales que cumplir y unos mecanismos de control exigentes, pero no pueden trabajar con la espada de Damocles de ver su vida arruinada porque una decisión o una firma le cambien la vida para mal. La frase de aquí no se mueve un papel por miedo a lo que pueda pasar, que tanto se escucha en boca de empresarios y emprendedores, hay que desterrarla cuanto antes.