Apunte

Ignacio Martínez

Estado de necesidad

ESPAÑA es un estado policial!, clama desde Marbella María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, persona de apariencia precavida. No es un acaloramiento; el PP acusa al Gobierno de espiarle, con escuchas telefónicas ilegales; de corromper la democracia, de poner en grave riesgo las instituciones. Estas palabras implican a jueces, fiscales y policías. La sobreactuación de Cospedal empezó días antes, cuando pidió al Gobierno que se dedicara a perseguir a ETA y no al PP. Una secuela de la euforia popular ante el archivo provisional de la causa contra el presidente Camps en el caso Gürtel. Y una reacción a la torpeza de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se apresuró a pedir a la Fiscalía que recurriese el fallo del TSJ valenciano. Aunque resulta chocante esconder detrás del terrorismo los delitos de la trama de corrupción de Correa y El Bigotes con ayuda de dirigentes populares de Madrid o Valencia.

La teoría del complot del Estado contra el PP ya fue esgrimida con éxito en vísperas de las elecciones de marzo en Galicia y País Vasco: entonces en Gürtel no había nada, más que el protagonismo del juez Garzón y el interés malicioso del Gobierno. Cinco meses después, varios jueces han encontrado indicios de delito en numerosos dirigentes populares; algunos han dimitido como consejeros, alcaldes o concejales. Incluso el tesorero nacional del PP ha sido imputado. No había complot, sino una trama corrupta.

Ahora la estrategia va más lejos. Al PP le irrita que se hayan publicado sumarios declarados secretos, y pide un escarmiento. Cospedal incurre aquí en una contradicción. Sin el régimen de libertad de prensa que tenemos no habríamos sabido tanto de los casos Filesa, Naseiro, Gal o Gürtel. Eso no habría sido posible en la Cuba de los Castro o en la España de Franco, por poner dos ejemplos de estados policiales. Otra contradicción de Cospedal es hablar de riesgo de las instituciones. El bloqueo que desde hace meses ha montado el PP valenciano para impedir que su Parlamento regional designe senadora a la socialista Leire Pajín es un claro ejemplo de irresponsable política institucional. España no es un Estado policial; es el PP el que está en un estado de necesidad.

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