EL faraón valenciano está nerviosillo. Francisco Camps ha desafiado a la dirección nacional del Partido Popular reuniendo de urgencia al comité electoral del PP de la Comunidad Valenciana para hacerse elegir por unanimidad candidato a la presidencia regional en las elecciones del 22 de mayo.

La presión de Camps ha pasado de discreta a explícita porque ve planear sobre su cabeza la sombra del banquillo (de los acusados) una vez que la Fiscalía Anticorrupción concluyó que debe ser juzgado por un delito de cohecho impropio por haber aceptado, presuntamente, trajes, zapatos y corbatas por importe de 14.000 euros de la trama Gürtel, que buscaba con ello un trato de favor del presidente de la Generalitat valenciana. Aun así, está de suerte: el Código Penal vigente cuando los hechos encausados castiga ese delito con una simple multa de 41.000 euros; el Código Penal actual, reformado en 2009, implica prisión e inhabilitación.

Pero Paco Camps quiere más. Seguro de revalidar su mayoría absoluta en las urnas, pretende precipitar su designación como candidato, de modo que los votantes le exoneren y una previsible victoria política le absuelva en su encontronazo con la Justicia. Por eso se ha enfadado al saber que el comité electoral nacional del PP va a reunirse de inmediato, pero para nombrar candidata en Castilla-La Mancha a María Dolores de Cospedal -precisamente su mayor enemiga dentro del partido- mientras él sigue en lista de espera. La visión de Rajoy y los suyos es, lógicamente, otra: aunque no tienen, de momento, otro candidato en Valencia, no quieren lanzar ya su candidatura para exponerse a que le llamen a juicio en vísperas electorales y perjudique la imagen del PP en su conjunto. Así está el tema.

Los argumentos y motivaciones de sus defensores, con el inefable González Pons y la alcaldesa Barberá a la cabeza, son de dos tipos. Por un lado está la citada apelación al veredicto ciudadano: si los valencianos respaldasen su gestión, quedaría democráticamente exculpado, porque la voluntad soberana del pueblo es superior a cualquier instancia judicial. Tremendo sofisma. Por otro, todas las dificultades de Camps obedecen a una conjura de jueces y fiscales movilizados para cortar su brillante carrera política (en favor del PSOE, por supuesto). Otro sofisma: nueve de los once jueces que han tenido que ver con el caso han visto indicios suficientes para investigar e instruir, y algunos de ellos pertenecen a la organización de jueces más conservadora. La única conjura contra Camps es la de los hechos reales. Que aceptó regalos que no debió aceptar.

Por cierto, ¿ se han dado cuenta de que esta línea de defensa es la misma que Berlusconi está desplegando en Italia?