POR un voto de diferencia legalizó el Tribunal Constitucional a Bildu, la coalición de los batasunos y algunos adherentes, para que el País Vasco volviera a la normalidad democrática. Ahora vamos conociendo esa normalidad, y da miedo, el miedo que se había ido perdiendo cuando la democracia expulsó a Batasuna de las instituciones.

En la constitución de los ayuntamientos se constataron indicios prometedores... prometedores de que eran los mismos con los mismos métodos. En Elorrio insultaron y zarandearon al único concejal del PP por el pecado de haber dado su voto para que el alcalde fuera el candidato del PNV. En Lizarza un individuo condenado por pertenencia a ETA fue la "persona autorizada" por la nueva mayoría abertzale para vetar la asistencia a la sesión plenaria de los medios informativos molestos. El flamante alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, enumeró su programa municipal: legalización de Sortu (el partido sucesor de Batasuna), excarcelación de los presos etarras y un proyecto independentista.

La alcaldesa de Andoain se ha estrenado firmando una orden mediante la que se prohíbe el acceso a cualquier edificio municipal de los escoltas de seguridad privada que garantizan, en la medida de lo posible, el derecho a la vida de los ediles del PSOE y del PP. Previamente, la alcaldesa mandó desmontar los controles de la casa consistorial (escáner y arco de seguridad). Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Lasarte. El regidor de San Sebastián ha afirmado que "está por decidir" si en Donosti se tomará una medida semejante. Pregunta: ¿A quién puede perjudicar que los concejales democráticos sean protegidos? La respuesta, ustedes mismos.

De modo que la normalización era esto: permitir que los batasunos volvieran a los ayuntamientos y diputaciones -y mañana al Parlamento vasco y al Congreso- sin dejar por ello de utilizar la calle para avasallar y coaccionar. Y sin que se cumplieran los requisitos que Rubalcaba había fijado, con el aliento de todos los demócratas. Ni ETA ha abandonado las armas, sino que ha declarado una tregua que puede romper en cualquier momento, ni Bildu ha roto con ETA (no ha condenado las ochocientas muertes causadas por la banda, ni las condenará, tan sólo rechaza la violencia en todas sus expresiones, que es la forma de referirse al Estado que mantiene en la cárcel a los autores de dichas muertes).

La apuesta del Constitucional, contraria a la que hizo el Supremo sólo unos días antes, es arriesgada. Consiste en creer que los abertzales partidarios de la exclusiva lucha política, una vez tocando poder, se impondrán a los lacayos de los pistoleros. Muchos preferimos una democracia imperfecta que la ausencia de democracia.