LAS preferencias políticas nunca han tenido buenas relaciones con las reglas de la economía y ambas han estado habitualmente en conflicto con la ética y la equidad. Si las relaciones entre los individuos y los países se regulasen por las leyes de la economía y los mercados, cada cual recibiría, en ausencia de fallos de mercado, las compensaciones derivadas de su capacidad para competir con el resto, pero el resultado sería, con toda seguridad, inadmisible en términos de equidad. Existe, por tanto, una justificación ética para la intervención de la política en la economía, que con frecuencia la política interpreta como legitimación para la defensa de intereses concretos (por ejemplo intereses de clase o el interés nacional), con una consecuencia perversa: el problema de fondo, la desigualdad, no sólo no se resuelve, sino que puede resultar legitimado. La prevalencia de la ética sobre la política y la economía, es decir, de la equidad y la justicia universal sobre los intereses de clase o nacionales y las capacidades individuales para competir, termina decayendo ante la feroz disputa de estos dos últimos por imponerse sobre el otro y en este conflicto el papel de las instituciones nacionales y las internacionales es determinante.

Así lo entendieron los americanos en 1945, cuando en la conferencia de Bretton Wood consiguieron imponer un sistema monetario internacional cuyas instituciones fundamentales eran el dólar, y su convertibilidad en oro, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Keynes, el jefe de la delegación británica, intentó por todos los medios que al menos uno de los dos organismos se localizase en el Reino Unido, pero los americanos no cedieron, conscientes de que el control de la nueva arquitectura institucional que se estaba gestando podría contribuir decisivamente a sus aspiraciones de hegemonía internacional.

El control de las instituciones como método para la imposición de los intereses corporativos o nacionales sobre la ética de la justicia y la equidad global terminó trasladándose a otras esferas del multilateralismo económico (como la Organización Mundial del Comercio o el GATT) y del político en general (NNUU), que, junto a una multitud de acuerdos bilaterales con Estados Unidos en materia de seguridad, comercio y financiación, caracterizó el esquema de relaciones internacionales de la postguerra. Desde este modelo dominante, las iniciativas para el impulso de nuevas instituciones de apoyo a la cooperación regional en materia comercial o financiera fueron desactivadas con facilidad.

En la década de los 90, tras el final de la guerra fría y el comienzo de la globalización, las primeras fisuras comenzaron a hacerse evidentes y entre las más significativas la propia Unión Económica y Monetaria en Europa (UEME) o la metamorfosis de las economías en desarrollo, en particular de las asiáticas. La cercanía del caso europeo permite apreciar la trascendencia de la nueva arquitectura institucional y, en concreto, de la necesidad de admitir casos de prevalencia de las instituciones europeas sobre las nacionales, como condición imprescindible para el protagonismo internacional, aunque es en el continente asiático donde el perfil de los cambios institucionales se presenta más pronunciado.

A finales de los 90 se sucedieron la crisis del sudeste asiático (1997), la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (2001) y la consolidación de las economías emergentes al frente del crecimiento económico mundial. Hasta la crisis del 97 las diferentes iniciativas para impulsar la cooperación regional en Asia (entre ellos Asean -Association of Southeast Asian Nations-, AFTA -Asian Free Trade Area-, o APEC -Asia-Pacific Economic Cooperation-) resultaron decepcionantes, aunque tras la nefasta intervención del FMI en la crisis de Tailandia y el deterioro de la confianza en su capacidad para resolver conflictos permitía aventurar que algunas cosas tendrían que cambiar. A pesar de ello, la pretensión de crear una especie de Fondo Monetario Internacional alternativo (AMF, Asian Monetary Fund) chocó con la oposición frontal norteamericana, aunque otras iniciativas posteriores han tenido mejor suerte. Ente ellas, la proliferación de acuerdos subregionales de comercio preferente; la denominada Asean Plus Three (APT), cuyo objetivo es levantar un escudo defensivo frente a los ataques especulativos mediante un fondo dotado con parte de los 2,7 billones de dólares que en 2007 tenían en reserva los países promotores; o la persistencia en los trabajos sobre la creación de una moneda única asiática (ACU, Asian Currency Unit).

La reunión del pasado jueves en Ufá (Rusia) de los líderes de Brasil, China, India y Sudáfrica, además de Putin, para el impulso del Nuevo Banco de Desarrollo que aspira convertirse en alternativa al FMI y al Banco Mundial, es un nuevo indicio de la frenética actividad de reconstrucción institucional internacional, que obviamente amenaza la hegemonía norteamericana de los últimos 65 años. Entre sus reacciones más conocidas, por cercanas a nuestros intereses, está el impulso a la creación de una zona de libre comercio con Europa, el bloqueo occidental a Rusia tras la invasión de Ucrania y las presiones sobre la canciller alemana para que se impida por todos los medios que Grecia abandone el euro y pueda sucumbir a la tentación de desplazarse hacia el abrigo del orden institucional alternativo al occidental.