El análisis

Los nuevos gremios y el Estado del Bienestar

La obsesión por proteger los intereses de los trabajadores del sistema público -sanidad, educación, correos- por encima de las demandas de los ciudadanos está perjudicando a la propia prestación de los servicios

EN el campo de la teoría, el objetivo de la economía no es otro que el de satisfacer las necesidades de los individuos. A este sencillo fin se destinan los tradicionales medios de producción: tierra, trabajo y capital. Más recientemente, a éstos se les ha incorporado la tecnología, que desempeña un papel cada vez más intenso en la producción de bienes también con el objetivo, claro está, de satisfacer las necesidades de la población.

Desde este punto de vista, parece evidente que la orientación de la ciencia económica ha de estar dirigida hacia el consumidor (la demanda), siendo la producción (la oferta) el instrumento utilizado para obtener los medios necesarios que permitan ir atendiendo las necesidades de los consumidores.

Por su parte, el sistema democrático emanado de las revoluciones burguesas ha ido dando forma política a la teoría económica, arrebatando las influencias legislativas a las monarquías y el clero para ponerlas al servicio de los parlamentos, que han terminado siendo elegidos por sufragio universal. Ya en pleno siglo XX, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido extendiendo en Europa el Estado del Bienestar, que permite la generalización de los servicios básicos a todos los ciudadanos.

Como suele ocurrir en casi todos los órdenes de la vida, al tiempo que se desarrollan y evolucionan los sistemas, así como las instituciones y los productos se van diluyendo poco a poco los objetivos que justificaron su implantación, sustituyéndose por otros nuevos.

Esto es lo que está pasando en nuestra sociedad, donde cada vez se legisla menos para atender al consumidor y es el productor (el oferente) el que capta la mayor atención y dedicación de las instituciones. La capacidad de organización y de presión de los productores, muy superior a la de los consumidores, determina que sus lobbies influyan de manera decisiva en el cuerpo legislativo, que acaba anteponiendo sus intereses a los de los usuarios. Con ello, se abandona el objetivo inicial de atender las necesidades de éstos, para legislar en función de los intereses de los distintos grupos de presión.

En economía también ocurre esto, y además lo hace con meridiana claridad: en agricultura, se protegen más los intereses de los campesinos que las necesidades de alimentación de la población; en la industria, el legislador se ocupa en atender las exigencias de las grandes empresas; en energía, el regulador procura asegurar los beneficios de los oligopsonios, etcétera. Particularmente llamativo es el caso de las nuevas energías renovables, que han hecho proliferar por doquier parques solares y huertos eólicos, cuando su rentabilidad proviene de los precios subvencionados que pagamos entre todos. No niego la necesidad de buscar alternativas a las energías fósiles, pero dudo de que la forma en la que se está haciendo sea la mejor para los ciudadanos.

Estas actuaciones, orientadas a proteger los intereses particulares de los nuevos gremios, conocidos hoy día como patronales o sindicatos, se explican por la aportación que éstos realizan al empleo o a la investigación; y algo de razón puede haber en ello, pero en ningún caso puede justificarse, a nuestro entender, el desproporcionado peso de esas instituciones en la sociedad actual.

Quizá lo más preocupante de esta situación sean los efectos que pueda tener sobre el Estado del Bienestar, tan costosamente levantado y que tanto ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida. No hace falta demasiada perspicacia para advertir que en la organización de los servicios públicos, hay una mayor preocupación en atender las demandas laborales de los trabajadores que los prestan, que en satisfacer las necesidades de los ciudadanos que demandan estos servicios. Como ejemplos podemos comentar que se antepone el interés del profesional de la sanidad al del enfermo; el del profesor al del alumno; o el del funcionario de Correos al de la carta en sí. En la sociedad actual, se atiende más al que presta el servicio que al que lo necesita, y esto lo utilizan las empresas privadas para ofrecer sus servicios de forma más eficiente que el burocratizado y encorsetado sector público. Prueba de ello es que, mientras continúan las listas de espera, haya quirófanos que sólo funcionan en horario de mañana; o el hecho de que los horarios escolares se realicen en larguísimas jornadas intensivas, que en nada favorecen la formación de la población infantil.

Aquí también se cambia el sentido del servicio público para anteponer las demandas del oferente sobre el que lo recibe. En realidad, lo que ocurre es que los trabajadores del sector público se están apropiando de gran parte del esfuerzo que entre todos realizamos con nuestros impuestos para construir el Estado del Bienestar. Están individualizando para su gremio la aportación del conjunto de la sociedad.

Ya estamos percibiendo las consecuencias: deterioro del sector público y emergencia de los servicios privados, ya sean escuelas, seguros médicos, empresas de mensajería, etcétera.

En definitiva, y paradójicamente, resulta que, en esta sociedad del consumo en la que vivimos, el consumidor es el eslabón más débil de cadena.

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