EL jueves, después de tres días de deliberación del Tribunal Supremo, fue emitida la sentencia que no acepta la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Según parece, la misma sentencia subrayará que esa asignatura no debe entrar en opiniones sobre temas socialmente discutidos, ni en los libros de texto, ni en las explicaciones de los profesores.

¿Es conveniente una asignatura que ayude a profundizar en los alumnos los valores constitucionales y democráticos de nuestra sociedad? Pues sí. Desde hace tiempo se viene trabajando en la educación en valores; y si una hora a la semana del currículo docente se dedica a desglosar los valores éticos subyacentes del sistema democrático, respeto a la libertad de los ciudadanos y solidaridad económica y de destino encarnados en nuestra Constitución, no es mal proyecto.

No puede objetarse una asignatura que potencie la igualdad en dignidad y oportunidades de hombres y mujeres. Ni la que proponga una solidaridad fundamental dentro de la propia España y con otras regiones del mundo. No puede objetarse el conocimiento de los elementos básicos de nuestra Constitución, de sus leyes y de los valores que la sustentan. Si es cierto que la familia es la depositaria natural de la educación de los hijos, eso no visa para educar en la minusvaloración de la mujer ni en la violencia racista, por ejemplo.

El problema no ha estado en los objetivos explícitos del proyecto, sino en la desconfianza brutal que ha generado el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. La legislatura pasada se recreó en ir suscitando un guerracivilismo que nunca hubiera imaginado. Las leyes más emblemáticas se elaboraron buscando la confrontación, no el consenso. La rentabilidad electoralista de los miedos ancestrales se explotó hasta sus últimas consecuencias, sin reparar en las fracturas sociales y el radicalismo que se creaba. Confundiendo deliberadamente el todo con la parte se razonaba diciendo: "O conmigo, o contra la razón, la libertad y el progreso", "o laicista y republicano, o ultramontano". La simplificación engañosa tuvo éxito; con todas sus consecuencias.

Por ello, la asignatura de la Educación para la Ciudadanía ha de procurarse que se mantenga en sus propios límites. Debe proponer la tolerancia política como valor ético, sin defender un relativismo moral por el que todo da igual y en el que muchos chavales van a ir destruyendo sus vidas. La tolerancia nunca ha significado la indiferencia de valores. El tolerante no es aquel a quien aspectos importantes de la vida le dan igual porque no tiene valores éticos, sino el que, sabiendo la importancia de esos valores, respeta la libertad del otro.

Una auténtica educación para la ciudadanía ha de reconocer explícitamente los orígenes históricos de nuestros valores constitucionales. Reconocer el aporte del movimiento obrero y del liberalismo económico a la configuración de nuestras democracias; y reconocer que desde la Iglesia católica se afirmó la igualdad de todas las razas de la tierra mucho antes de que Rouseau y Voltaire siguieran proponiendo una ideología racista y esclavista que sonroja al leer sus textos. Hasta los más canonizados ilustrados tienen un lado no sombrío, abyecto.

Una auténtica educación para la ciudadanía ha de aclarar a los alumnos que nadie puede vivir humanamente con una ética de mínimos; que los mínimos éticos son fruto de las coincidencias básicas de las personas que viven con profundidad y autenticidad su vida. Que no todo lo legal es moralmente constructivo. Que el respeto a los derechos humanos es sólo una línea de demarcación, no un sentido para la vida. Que este sentido de la vida hay que buscarlo personalmente, buceando a tientas entre la realidad y nuestros sentimientos, porque en ello nos va la felicidad y la dignidad existencial.

Cuando la asignatura, sus textos y sus profesores, no respete sus propios límites habrá mucho que objetar.