Editorial

El oligopolio del taxi

EL Consejo de Defensa de la Competencia, tribunal de corte administrativo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ha emitido un dictamen en el que, después de una laboriosa investigación, concluye que las tres emisoras del taxi en Sevilla -Radio Taxi, Teletaxi y Radio Taxi Giralda- deben ser sancionadas con una multa de 140.222 euros por "prácticas abusivas". A juicio de este organismo autonómico, la situación existente en dicho sector -un servicio público ejercido, bajo autorización municipal, por empresarios privados- puede calificarse de "oligopolio", ya que estas tres entidades copan un negocio que debe ejercerse bajo criterios de libertad. Competencia ha constatado que dichas emisoras, cuya representavidad dentro del gremio es de un 37%, funcionan con "listas negras", boicotean a los establecimientos hoteleros y aplican una serie de tarifas que no están avaladas por normativa alguna. Tres motivos más que suficientes para que la Administración pública tome cartas en el asunto en defensa de los ciudadanos. Sería del todo injusto que las irregularidades cometidas por algunos taxistas concretos terminen dando una pésima imagen de un colectivo profesional que, en líneas generales, desarrolla correctamente su labor. De hecho, los principales perjudicados por estas prácticas irregulares son todos los taxistas (1.400) que, por un motivo u otro, no están asociados a las emisoras. Tanto ellos como el resto de usuarios son víctimas de un statu quo que urge cambiar. Desde el diálogo, pero también desde la firmeza. El tema trasciende lo gremial por dos razones: se trata de un servicio público esencial y, como acertadamente señala el Consejo de la Competencia en su resolución, este tipo de prácticas afectan a la imagen de la ciudad, algo trascendente si se tiene en cuenta que una de las escasas industrias de Sevilla, una ciudad tradicionalmente deficitaria en materia de iniciativas empresariales, es el turismo. Llama la atención, en todo caso, que haya tenido que ser la Junta de Andalucía quien tome cartas en el asunto. Economía ha sido diligente. No puede decirse lo mismo de Obras Públicas, que lleva años sin desarrollar el reglamento para ordenar el servicio del taxi, ni del Ayuntamiento, al que por ley le compete regular el sector en Sevilla. Dos tareas que siguen pendientes.

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