EL Banco de España ha publicado esta semana su Informe Anual, el análisis más profundo que se realiza sobre nuestra economía desde la década de los setenta. Con el reciente fallecimiento de Luis Ángel Rojo, que fue gobernador y antes director del Servicio de Estudios, es de justicia señalar que la calidad del Informe se debe a que el Banco ha contado tradicionalmente con los mejores macroeconomistas del país, gracias, en gran medida, a la labor que Rojo realizó desde el Servicio de Estudios, impulsando la concesión de becas para realizar el doctorado en las mejores universidades de EEUU. La mayoría de esos economistas han vuelto y muchos trabajan en el Servicio de Estudios, que elabora el Informe.

Como cabe esperar, el Informe dedica una parte considerable a los orígenes de la crisis, su evolución y algunas de las medidas que deben adoptarse para salir. La política fiscal es, junto al funcionamiento del mercado de trabajo y la reestructuración financiera de las cajas de ahorros, la clave para explicar las dificultades y la lentitud con la que España está saliendo de la situación.

Dentro del ámbito fiscal, propone la puesta en funcionamiento de tres medidas destinadas a mejorar la gestión. En primer lugar, establecer junto a una norma fiscal que asocie el crecimiento del gasto público con la previsión del crecimiento nominal del PIB, otra que establezca un límite anual de gasto para cada administración. Si la economía evoluciona mejor de lo esperado, el límite de gasto permitiría ahorrar recursos que podrían utilizarse en futuras crisis. Según sus cálculos, España consiguió un superávit público acumulado del 1,9% del PIB en el periodo 1998-2007; si hubiese aplicado la norma propuesta, el superávit hubiese alcanzado un 8,2%.

Siendo cierto la anterior, la política fiscal española antes de la crisis fue alabada por todos los organismos e instituciones internacionales. En 2007, España presentaba un superávit del 3% y una deuda pública del 35% del PIB, la más baja de toda la Eurozona. Para el futuro, tendremos que considerar que esa buena gestión no será suficiente. No obstante, es cierto que, sistemáticamente, el gasto se desvió al alza durante todo el periodo, lo que denota un débil control sobre el conjunto del gasto que quedó disfrazado por el fuerte crecimiento.

En segundo lugar, aboga por una profunda revisión de los ingresos y gastos fiscales. Incrementar el IVA, impuestos especiales y medioambientales para alinearlos con los países de la UE, por el lado de los ingresos. Y por los segundos, es necesario realizar una reflexión sobre quién se beneficia de qué y cuánto cuesta. Los tipos reducidos o exenciones del IVA representan, nada menos, que el 42% de la recaudación real, de los que se benefician desde los pañales para niños hasta productos culturales. Una tercera parte del IRPF se va en deducciones generalistas o específicas, como la adquisición de vivienda. En fin, las deducciones en el impuesto de sociedades alcanzan un 20% de la recaudación por razones de internacionalización, I+D y otros.

En tercer lugar, el Informe pone especial énfasis en el control del gasto de las comunidades autónomas. En 2010, el déficit se redujo en dos puntos. Pero señala que la mayoría del ajuste lo realizó la Administración Central, desviándose el de las comunidades sobre el previsto.

Para atajar esta situación, la entidad alaba la medida tomada por el Gobierno central que obliga a las comunidades a presentar sus cuentas trimestralmente. Pero añade, que esta medida debería extenderse al resto de administraciones, contener el mismo detalle y transparencia que las de la Administración central, para conocer la evolución de cada una de las haciendas individuales. Un país occidental serio no puede tener unas cuentas públicas sin credibilidad. Sobre el mercado de trabajo, son conocidas las opiniones transmitidas por el gobernador sobre el no automatismo de los convenios, la necesidad de descentralización de la negociación y la relación entre salarios y productividad.

Siendo optimista sobre la reforma del sistema financiero (que en gran parte la entidad impulsa), califica de "pausado" el ritmo al que lo hacen las cajas de ahorros. Se muestra optimista sobre el proceso, aunque no descarta que haya que acelerarlo si las condiciones externas empeoran.

Creemos conveniente resaltar un aspecto no contemplado en el Informe sobre la forma de enfrentar futuras crisis. No es sólo el sector público, a través del gasto, de los ingresos y del déficit, el que genera una crisis económica y fiscal o la forma de salir de la misma. Es también el sector privado a través de sus decisiones de gasto, ahorro e inversión, los que gobiernan el comportamiento de una economía.

En España y en otros países de la UE, la abundancia y bajo coste del crédito durante tantos años, explican, en buena medida, el alto endeudamiento de la economía. De hecho, el endeudamiento privado español es un 60% superior a la media de la UE. Si no suceden shocks no previstos, los tipos de interés continuarán bajos durante algún tiempo, lo que facilita el pago de deudas. Pero no hay ninguna garantía y en todo caso, pone de manifiesto la vulnerabilidad de un país que no controla su política monetaria. En futuros Informes el Banco de España debería precisar cuáles son, a su juicio, las herramientas fiscales, de competencia o regulatorias que un país que pertenece a un área monetaria debería utilizar para prevenir o combatir una crisis de las características que estamos padeciendo.