Editorial

La ordenación de los chiringuitos

EN este primer trimestre se debe cerrar el traspaso de la gestión del litoral a la Junta, una aspiración recogida en el Estatuto de Autonomía. Andalucía cuenta entre Huelva y Almería con 910 kilómetros de costa, un patrimonio a proteger por su enorme diversidad y riqueza ecológica y paisajística. Pero también se trata de un equipamiento turístico de primera magnitud, con un potente sector hostelero que vive de la actividad de sol y playa. Se calcula que existen unos novecientos chiringuitos y que tanto esos negocios, muchos estacionales, como el alquiler de hamacas y otras actividades dan trabajo a más de 40.000 personas. En los últimos años hemos asistido a una fuerte polémica por la legalidad de esas instalaciones ante los vaivenes en la política de Costas del Gobierno, con tantas interpretaciones de la ley como directores generales en el puesto. El dominio público marítimo-terrestre tampoco ha sido ajeno al desarrollo inmobiliario feroz de los últimos años con numerosas infracciones y ocupaciones ilegales -nuevos chiringuitos incluidos-, ante las que poco ha hecho una Dirección General de Costas con déficit de inspectores y que aún no ha culminado el deslinde del litoral. Pero en el último año el Gobierno ha endurecido su postura e insinuado derribos masivos de establecimientos, lo que ha provocado el desasosiego entre las miles de familias que viven, generación tras generación, de esa actividad. De ahí la importancia estratégica de que la Junta, más cercana al problema y consciente de su importancia, pase a controlar la concesión de estos establecimientos, tal y como pidió José Antonio Griñán al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en su primera reunión en La Moncloa. En los últimos meses se han ido cerrando los flecos técnicos de una transferencia que incluirá desde la vigilancia ambiental hasta los informes preceptivos para la construcción de puertos deportivos o incluso, posiblemente, la regeneración de arena de las playas. Todavía se negocia qué competencias se compartirán, pero está claro que los chiringuitos deben ver reglada su actividad, y que habrán de adaptarse a la ley, y reconocida su singularidad.

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