Editorial

Menos organismos y más eficientes

EL Gobierno andaluz aprobó en su reunión de ayer el decreto-ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, que habrá de convalidar la Diputación Permanente del Parlamento prevista para mañana. El decreto, que responde al compromiso del presidente Griñán durante el pasado Debate sobre el estado de la Comunidad, pretende contribuir a la reducción del déficit público, mejorar la eficacia del sistema y simplificar sus estructuras periféricas. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, la reestructuración supondrá la desaparición de 111 entidades instrumentales y la modificación de otras 16, con un ahorro para las arcas públicas de más de cien millones de euros. El mero enunciado de que la Junta puede prescindir del 43% de sus empresas públicas, agencias y fundaciones sin que merme su eficacia -al contrario, la pretensión es aumentarla- ya es indicativo del gigantismo que ha ido adquiriendo durante años le Administración autonómica, convertida en un mastodonte burocrático que ha crecido por encima de las necesidades de los ciudadanos y del nivel económico de la región, lento y caro, además de haber sido concebido como una Administración paralela al servicio del poder político y deliberadamente al margen de los instrumentos de control que la legislación establece. Puede decirse, pues, que la reconversión ahora iniciada se orienta en la dirección correcta. Ello no quiere decir que el problema esté resuelto. Al haberse comprometido a no afectar al empleo realmente existente en las entidades que desaparecen (más de 23.000 empleados), el ahorro de personal se reduce a un escaso número de puestos directivos. Por otra parte, quedan sin definir las consecuencias de los traslados, el papel de los funcionarios de carrera en relación con el personal laboral y el proceso de concentración de sedes, que sí significaría una disminución del gasto público. Cuando a final de año se haya concretado el desarrollo práctico del decreto-ley aprobado ayer se podrá comprobar si la reestructuración es un brindis al sol o una medida profunda de reducción de una Administración que ha fracasado.

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