EL anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética ha dejado a todos descontentos: empresas productoras de energía eléctrica, distribuidoras, consumidores industriales y ciudadanos. Ha sido una oportunidad perdida para abordar, con amplitud y visión de largo plazo, la profunda transformación que necesita el sector eléctrico en nuestro país. Nuestro sector energético no es competitivo, extremadamente dependiente del exterior, con una baja seguridad de suministro, hiperregulado, poco transparente en la formación de los precios, intensivo en el consumo y poco eficiente, con creciente exceso de capacidad productiva, sin una definición del mix energético sostenible económica y medioambientalmente, altamente contaminante, por si fuera poco, con un grave problema de financiación derivado del creciente déficit de tarifa, como diferencia entre los costes de producción reconocidos y los precios pagados por los consumidores.

La Energía en el Plan de Reformas

Desde el inicio de su mandato el Gobierno manifestó que dada la situación de recesión de España, provocada por el excesivo endeudamiento y baja competitividad, de todos los problemas del sector, el más urgente era el creciente déficit de tarifa, que superaba los 24.000 millones de euros a finales del 2011. De no atajarlo urgentemente seguiría creciendo a un ritmo anual de 7.000 millones de euros. El déficit de tarifa está relacionado con los altos costes de producción del sector eléctrico y sobre todo de los peajes de acceso, que suponen el 50% de la tarifa eléctrica y que son el resultado de las políticas energéticas practicadas en los últimos años, que recogen conceptos tan variopintos como las primas a las energías renovables, las ayudas al carbón, y la amortización de la deuda financiera acumulada, entre otros.

El déficit de tarifa es el resultado de los altos costos de producción y distribución, de las inadecuadas políticas energéticas practicadas en el pasado y de incentivos perversos. Su eliminación esta prevista por ley para enero del 2013. Con el plan de reformas, el Gobierno pretende atajar el problema de déficit financiero eliminando sus causas, lo cual implica analizar en profundidad todos los costes del proceso de producción, distribución, transporte y comercialización del sector eléctrico con el objetivo de minimizarlos. Por la misma razón habría que revisar todos los ingresos por peaje de acceso.

La energía barata es fundamental para la competitividad de nuestras empresas. La electricidad que pagan los consumidores domésticos españoles es el 31,4% superior a la media de la UE, el de la industria mediana un 16,7% y el de la gran industria un 1,4%. Si a lo dicho añadimos que en el año 2012 el déficit energético era el causante del 85% del déficit comercial de la balanza de pagos española, llegamos a la conclusión de que la corrección de los desequilibrios energéticos y del déficit de tarifa, vía reducción de los costes energéticos, es un objetivo prioritario en la coyuntura recesiva en la que se encuentra nuestro país. Por esta razón el Gobierno considera que hay que priorizarlo, a corto plazo, sobre los otros. No obstante, para que la política energética sea coherente a largo plazo con el resto de los objetivos, todas las acciones deberán de enmarcarse en una nueva planificación energética, que se recogerá en el documento de estrategia energética 2012-2020.

Según se afirma en el Programa Nacional de Reformas 2012, se pretende conseguir la eliminación del déficit de tarifa a través de medidas que impliquen la reducción de los costes de las actividades reguladas, así como también, mediante el incremento de los ingresos de los peajes de acceso en 1.400 millones de euros. Se pretende también que los costos del ajuste se repartan equitativamente entre las empresas del sector y los consumidores finales, que tendrán que soportar incrementos de la tarifa del 7% en el caso de las familias, del 4,1% en el de las pymes y del 0,9% en el de las grandes industrias, tratando de evitar su impacto en el contribuyente. Según el programa de reformas, la reducción de los costos de las actividades reguladas implica centrarse en las tres partidas más importantes de los costes de acceso: primas al régimen especial (40,3% del total), costes de las redes de distribución y transportes (39,8%) y anualidades de intereses y amortización de capital de la deuda generada por el déficit de tarifa (10,5%). Las partidas que crecen a mayor velocidad son las primas de régimen especial y las anualidades del déficit tarifario.

Dado que los objetivos de producción instalada, recogidos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, para la energía termoeléctrica, fotovoltaica, eólica, se han rebasado ampliamente, el Real Decreto 1/2012 suprimió los incentivos del régimen especial y suspendió los procedimientos preasignación de retribución para las nuevas instalaciones. A su vez el Real Decreto Ley 3/2012 adoptó medidas para la corrección de las desviaciones por desajuste entre ingresos y costes de los sectores de electricidad y gas.

Se dará prioridad a las infraestructuras de conexión con Europa, con el objetivo de introducir una mayor competencia en los mercados de electricidad y gas y un mejor acceso a las nuevas energías renovables. Todo ello dentro del marco de construcción del Mercado Interior Europeo de la Energía. Dicha Planificación contará con medidas orientadas a una mayor eficiencia energética mediante el fomento de energías basadas en el autoconsumo, el balance energético neto y el fomento de la eficiencia energética en la edificación.

La electricidad más cara de Europa

Pues bien, hasta ahora, nada de lo anunciado en el plan de reformas, se ha llevado a cabo. El anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética persigue otros objetivos. Se pretende eliminar el déficit de tarifa por la vía rápida de la imposición de nuevos impuestos, en contraposición a la de optimización de los costes y mejora de la eficiencia. Su ánimo es más bien recaudatorio: recoger ingresos directamente de las empresas productoras para financiar los costes de las políticas energéticas incluidas en los peajes de acceso. En la exposición de motivos del anteproyecto de ley, bajo el pretexto de la protección del medio ambiente, la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción eléctrica, el almacenamiento y producción de residuos radiactivos y la eficiencia energética, se recoge una prolija lista de nuevos impuestos: un impuesto general e indiscriminado a la producción energética (6%), un nuevo canon a las centrales hidráulicas (22%), un nuevo impuesto de 2,79 euros/metro cúbico al gas natural, nuevos impuestos a la producción y almacenamientos de residuos nucleares, fin de las exenciones a los combustibles fósiles para la de energía eléctrica y a la cogeneración, etc.

De tal manera, que si en el plan de reformas se pretende atajar el déficit de tarifa desde la perspectiva de la reducción de costes y mejora de la competitividad, el camino que emprende el anteproyecto de ley es justamente el contrario, ya que los impuestos dañarán la competitividad del sector eléctrico y gasista así como el de consumidores finales industriales y domésticos. El previsible traslado de los impuestos a las pymes y a la gran industria dañará su competitividad. Se esperan obtener 3.000 millones de euros que irán directamente a los Presupuestos Generales del Estado, en los que a su vez se recogerán las partidas específicas de costes energéticos que tienen que financiar. Los ciudadanos tampoco se escapan del impacto del anteproyecto de ley de medidas fiscales y energéticas, ya que una parte la pagarán como usuarios en la factura de la luz y otra en los impuestos, como contribuyentes, ya que las anualidades de capital e intereses del déficit de tarifa se cargarán directamente a los Presupuestos Generales del Estado. Tendremos la electricidad más cara de Europa.

una reforma pendiente

De todo lo expuesto concluimos que la reforma del sector eléctrico continúa pendiente y que las tensiones financieras que tiene España por la escalada del endeudamiento público, han obligado al Gobierno a una solución de emergencia, no contemplada ni planificada, que permita eliminar el déficit de tarifa en el año 2013, pero que es contradictoria con los objetivos de mejora de la competitividad del sector energético y de la industria que se contemplan en el plan de reformas.

España necesita una planificación energética global e integral, que contemple todas las fuentes de energía en un horizonte de largo plazo y que sea coherente con los principios de eficiencia, sostenibilidad económica y medioambiental, seguridad y estabilidad jurídica. La importancia estratégica del reto energético para el futuro de España es de tal magnitud que hubiera sido deseable un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y sociales. Pero quizás este gran consenso, hoy por hoy, sea una utopía.