UNA ingente multitud, procedente de todos los rincones de Cataluña, tomó ayer las calles de Barcelona. A diferencia de las manifestaciones nacionalistas de los últimos años, centradas en la denuncia de los recortes a la autonomía avalados por el Tribunal Constitucional, esta marcha se organizó para reclamar la independencia de Cataluña, el reconocimiento de su soberanía como nación y la formación de un Estado propio, separado de España. Esta ruptura histórica ha sido posible por la voluntad del gobierno de Artur Mas, de Convergència i Unió, que no ha tenido recato en transformar su exigencia de pacto fiscal con el Estado español en demanda inequívoca del derecho a la secesión. El propio Mas ha respaldado la manifestación y numerosos consejeros de su equipo se han sumado a la misma, avalando su carácter independentista. El sentimiento independentista, por otra parte, no deja de aumentar entre los catalanes, cuyo malestar ante la crisis y los recortes sociales ha sido hábilmente instrumentado, de modo que su origen ha quedado vinculado al sistema de financiación de las autonomías, presuntamente injusto al obligar a los catalanes a aportar al Estado mucho más de lo que reciben de éste, permaneciendo al margen de toda responsabilidad la política de la Generalitat que la ha convertido en la comunidad más endeudada de España. Lejos del pragmatismo de sus antecesores, Mas ha impulsado al nacionalismo catalán hacia las posiciones secesionistas que más dañinas resultan para la convivencia de España. La clase dirigente catalana, con muy contadas excepciones, se ha subido a la ola independentista y plantea un serio conflicto con el Estado constitucional que ha dado a la propia Cataluña, como al resto de España, los años más fructíferos de su historia. En la Constitución de 1978, que está vigente, caben reformas estatutarias y cambios en la financiación autonómica. No caben la autodeterminación ni la secesión. PP y PSOE son los únicos diques de contención de esta marea que avanza.