EL acuerdo al que llegaron en la madrugada de ayer los dirigentes del PSOE e Izquierda Unida para evitar la ruptura del Gobierno de coalición ha puesto fin a la mayor crisis que ha atravesado el bipartito desde su formación tras las elecciones de marzo de 2012. De momento. Las tensas negociaciones durante dos días han permitido salvar lo principal, que era la propia continuidad del Gobierno andaluz, seriamente amenazada por la división de los socios en relación con la política de viviendas, pero han dejado sin duda un rastro de distanciamiento y hostilidad entre ellos que puede estallar en cualquier momento, ya con carácter irreversible. En la opinión pública, por su parte, lo que ha quedado es una gran decepción y desconfianza hacia los dos partidos coaligados, que han puesto en peligro la estabilidad institucional y la tranquilidad que la política debe facilitar para las actividades de la sociedad civil. IU se ha visto reflejada en esta crisis de la Corrala Utopía como una organización poco respetuosa con la legalidad democrática, propensa a tener un pie dentro de las instituciones y otro fuera, en la lucha callejera, y con tentaciones autoritarias y clientelares. El PSOE andaluz ha actuado a destiempo, dejando que los okupas camparan por sus respetos durante casi dos años y queriendo cortar por lo sano sólo al final y por la vía del decreto de la propia presidenta de la Junta. Ciertamente, Susana Díaz ha visto ratificada su autoridad, ya que el acuerdo de la madrugada se ha hecho sobre la base de la defensa de la legalidad en la asignación de viviendas, que ella confesó como su gran prioridad, lo que le ha llevado a anular el decreto que retiraba a IU las competencias en la adjudicación de pisos públicos. Es lo fundamental de la salida de la crisis. Pero queda la impresión de que la coalición ha sacado adelante al menos una parte de sus planteamientos (los ocho casos con viviendas para ocupantes por su "situación excepcional") y que el pacto de gobierno ha salido herido de muerte.