Editorial

¿Quién paga por la agresión?

L A decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de dar por concluido el partido disputado por el Betis y el Athletic de Bilbao suspendido tras el botellazo recibido desde la grada por el portero del conjunto vasco, Armando, y de imponer al club heliopolitano el cierre de su estadio por dos partidos ha sorprendido. No tanto porque no se esperara una cierta ejemplaridad en la sanción como por el hecho de que la condena deportiva termina por descargar la responsabilidad objetiva de los hechos sobre la entidad que organizó el acontecimiento deportivo, en este caso el Real Betis Balompié. El asunto admite lecturas de toda índole, por el agravio que supone con respecto a las decisiones adoptadas por este mismo comité en otros campos -el ya famoso caso del cochinillo del Nou Camp y la sanción al Barcelona, que jamás se cumplió- y por la indefensión que genera en los clubes una decisión así. Como ocurre cada vez que se debate sobre la respuesta a los actos de violencia en el fútbol, surgen dudas sobre si es razonable hacer pagar a toda una afición por el hecho, execrable pero aislado, cometido por un individuo en particular, más si cabe cuando éste fue detenido de inmediato gracias a la colaboración de sus vecinos de grada y ahora tendrá que responder ante la Justicia ordinaria. A los clubes hay que exigirles que cumplan con las medidas de seguridad establecidas y, en consecuencia, hay que juzgarles en función de que hayan cumplido o no con las normas vigentes en la materia y hayan puesto el celo necesario para evitar cualquier acción desgraciada. A lo sumo, se les podrá exigir contundencia con respecto a los agresores (expulsión de la entidad, no permitirle jamás volver a su estadio...) , pero poco más. El Betis no es víctima de ninguna conspiración para que baje a Segunda División, pero no se merece una sanción de este tipo. En derecho, el que la hace, la paga. Pero aquí ¿quién es el culpable? ¿El que tira la botella o toda la afición?

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