UNOS datos teóricamente reservadísimos ven la luz de repente. Son datos comprometidos y conocidos por muy pocos, que aportan indicios de que, en la época del ladrillo gordo y la euforia del ciclo alto, las entidades financieras -no sólo las cajas de ahorros, y no sólo las originarias de Huelva y Sevilla- cometieron ciertas irregularidades que, de momento, no están sub-judice ni -permítanme el neologismo- pre-judice, sino todo lo contrario. En el caso de las tardías filtraciones a la prensa sobre ciertas desinversiones de una de las dos componentes de la actual Cajasol, el expediente está en la Fiscalía Anticorrupción a instancias de la propia entidad. El objeto de la controversia es la venta de participaciones empresariales a precios supuestamente menores que los de mercado, que se realizaron en la época de Bueno Lidón, antecesor en la presidencia de El Monte de Antonio Pulido. Según parece, las operaciones se realizaron sin la debida información al consejo de administración, o al menos con información engañosa o incompleta.

La fusión de El Monte con la Caja San Fernando complica el combate sucesorio de la fusionada, que ni mucho menos periclita ni se agota en Pulido: casi lo multiplica por dos. Y no sólo en la cumbre jerárquica, sino en todos los escalafones, como mínimo en la alta dirección. Los cargos despechados, los relegados, los amortizados, los ninguneados, los aliados del alma de alguna de las categorías citadasý pueden ser una fuente de conflicto también en este panorama; máxime, si manejan información privilegiada con propósitos espurios o inconfesables.

El estado de esta cuestión ha sido descrito día a día por los medios de comunicación, con desiguales concesiones a la tentación de hacer política en un momento sensible del calendario electoral. Pero hay unas declaraciones relacionadas que -aunque destacadas por este periódico- han quedado a la sombra, y tienen muchísima enjundia y, por qué no, mucha gracia: "todo los problemas que surgen en un consejo de administración terminan saliendo a la luz". No lo dijo Rasputín, ni lo ha dicho un bloguero cínico, ni un descreído que viene de vuelta del mundo empresarial y habla con la corbata aflojada y los micrófonos cerrados. Lo dijo el martes el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Quintás. Lo que dijo este bancario de élite, este suministrador de fuel financiero de las empresas españolas, es una verdad para muchos, que se mantiene en el limbo de los secretos a voces: el consejo de administración puede ser un incordio; sus reuniones, una penitencia que impone la ley mercantil a los que rigen la empresa día a día; sus debates e informes, los mínimos para vestir el muñeco. Y su confidencialidad, tirando a escasa. En este caso, parece que ninguna.

El deber de sigilo, de fidelidad, de confidencialidad del consejero versus la vanidad, la posesión de lo exclusivo y canjeable, las comilonas bien regadas que relajan la boca, además de la corbata. ¿Arreglarán los códigos de buenas prácticas y las auditorías de responsabilidad social este estado de cosas que, a la postre, acabará puenteando y vaciando de contenido al órgano máximo de gobierno de cualquier sociedad? ¿Debemos pensar que esto pasa en trasuntos financieros del arco político, y no en las más genuinas sociedades mercantiles y privadas? Si a este aparente desprestigio y devaluación del consejo unimos la no bien medida exigencia de la Ley de Igualdad para que la representación de la propiedad sea paritaria (un hombre, una mujer), quizás podemos firmar la defunción del órgano y travestirlo en un pelele o, en su caso, confirmarlo como una arena donde los gladiadores políticos hacen política. Nada que ver con la empresa. Dos preguntas surgen: ¿se puede pensar en una caja única en este plan? Y, ¿alguien le ve la matrícula a La Caixa?