ESTAMOS convocados a las urnas y muchos ciudadanos se sienten mal entre el huracán de la crisis y la cloaca de la corrupción. La economía y el paro son la primera prioridad. La honestidad (y la austeridad) en la gestión del dinero público es la segunda. Es lo que percibo por doquier. Los dos grandes partidos lo saben a través de sus estudios. Concentran sus mensajes en la vertiente económica, para despejar miedos o para azuzarlos. Y se escaquean de la otra gran exigencia del pueblo: explicar qué van a hacer para erradicar la corrupción de mucho o poco dinero que cometen militantes, altos cargos o adláteres en las instituciones donde sus comités ejecutivos tienen la sartén y el mango. Ni palabra sobre qué tipo de desinfectante emplearían para prevenir la tentación de montar tinglados sobre el mullido presupuesto del contribuyente.

No se dan por aludidos, cuando hay mucho que hablar sobre la imprescindible reconstrucción de los controles administrativos y parlamentarios; sobre el fortalecimiento de los chequeos internos en el seno de los partidos para detectar a los garbanzos negros, a quienes en poco tiempo exhiben lujos que no concuerdan con sus ingresos oficiales; sobre el reconocimiento al papel de los interventores como garantes del bien común y del buen gobierno, y dejar de considerarlos un estorbo.

Muchos ciudadanos creen que todos los partidos son iguales y todos los políticos son corruptos. No es verdad. Muchos políticos (y militantes) son honestos y tienen vocación de servicio público. Sin embargo, no generan confianza por funcionar como clanes que tapan los trapos sucios y no dan ejemplo de depuración interna. Deben comprender que, mientras los ciudadanos no les vean como adalides de la ejemplaridad y de la calidad democrática, no serán creíbles como líderes que ordenan sacrificios a la población. Sin credibilidad y sin confianza, la sociedad no dará lo mejor de sí misma, no saldremos unidos de la crisis y acabará predominando el Sálvese quien pueda.