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juan / ojeda

La partida de póquer

LA Junta de Andalucía se ha apuntado un tanto político-mediático con el decreto sobre la vivienda. En el tiempo transcurrido desde su aprobación por el Consejo de Gobierno, hace aproximadamente dos semanas, ha tenido una amplia repercusión en todos los medios nacionales, e incluso en algunos periódicos europeos. La imposición de sanciones a bancos y empresas que tengan pisos vacíos sin alquilar durante más de seis meses, y la expropiación temporal para evitar desahucios a familias con dificultades económicas, ha conectado con una sensibilidad social que ha ido experimentando un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Esto se ha manifestado de múltiples formas, de las que la más aparatosa y discutible es la de los llamados escraches ante domicilios de políticos del Partido Popular.

En el seno del bipartito andaluz se vive con bastante satisfacción la repercusión que ha tenido esta medida, impulsada por IU y, en concreto, por la consejera Elena Cortés, pero que el Ejecutivo andaluz, en su conjunto, ha hecho suya, e incluso defendida y adoptada por el PSOE a nivel nacional. Y eso que han sido necesarios dos meses de discusiones internas para pulir legalmente el decreto, que ha salido bastante suavizado en relación a sus planteamientos primitivos, muchísimo más radicales. De eso sabe bastante la consejera Martínez Aguayo.

La verdad es que, aparte de las discusiones jurídicas que ha suscitado el decreto, la efectividad de la medida, una vez que se intente llevarla a la práctica, va a ser bastante limitada. De ahí que la postura del PP andaluz, anunciada por su secretario general, José Luis Sanz, aconsejando al Gobierno central que no recurra el decreto, se puede considerar una opción inteligente. Incluso es posible que haya defraudado un tanto las expectativas de la Junta, donde tal vez se pensase que dicho recurso, por parte del Gobierno de Rajoy, en caso de presentarse, tendría un efecto multiplicador, habiendo un nuevo frente polémico ante la opinión pública, y dando lugar a una nueva batalla que, en San Telmo, se consideraba que hubiese sido fácil de ganar. Además, en caso de paralización forzada por el Constitucional, no se hubiesen apreciado, al menos en el corto plazo, las dificultades prácticas que conlleva la aplicación del decreto.

Probablemente, salvo el efecto propagandístico, todo esto no vaya a tener consecuencias evidentes, pero lo cierto es que nos va a dar lugar para presenciar una interesante partida de póquer.

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