La tribuna

víctor J. Vázquez

El partido del orden

CAMILO José Cela quiso que en el lema del marquesado de Iria Flavia apareciera una frase que apela a uno de los más representativos arquetipos del ser español pero que, sin duda, hoy encarna como nadie el también gallego Mariano Rajoy: el que resiste gana. Pero la resistencia de Rajoy no es una mera resistencia castiza sino que, me atrevo a decir, se trata de una resistencia basada en el conocimiento profundo del electorado español. Es seguro que Rajoy no necesitó prestar atención a la encuesta del último CIS para darse cuenta de que esa idea del partido de la nueva política como "partido de la gente", "del pueblo", o de los "humildes" no se sustentaba sobre presupuestos reales. Desde hace tiempo y por encima de eslóganes, el partido alfa de las clases medias en España es el PP y en él se refugia una gran mayoría del voto ante la amenaza del desorden y la adversidad, incluso cuando el desorden y la adversidad es consecuencia de la gestión del propio partido, como bien demuestran los últimos resultados en la Comunidad Valenciana. Los meses sin gobierno, la consecución del Brexit, y sobre todo, la posibilidad de que Unidos Podemos fuera la segunda fuerza política, eran todos factores que apuntaban a ese repliegue del voto conservador. La tranquilidad con la que Rajoy desechaba la posibilidad de presentarse a la investidura y su apuesta por las segundas elecciones es la propia de quien ya los tenía en cuenta, y sobre todo, de quien sabe que su base electoral no es una amalgama de votantes pertenecientes a elites privilegiadas, sino de ciudadanos medios con preocupaciones comunes, indulgencia ante la corrupción, y un marcado instinto de conservación.

Pero tan importante ha sido la victoria del PP en estas elecciones como el resultado obtenido por Unidos Podemos, quien desde ahora ya no podrá obviar que competir desde presupuestos irreales puede ilusionar pero también generar frustración. Y es que, una cosa es querer gobernar un país progresivamente ineficiente para cambiarlo, y otra distinta convencer a la gente de que su vida ha sido una mentira democrática. Lo primero es una empresa pragmática, alejada de todo propósito de catarsis social, lo segundo, por el contrario, es el presupuesto de algo mucho más ambicioso: construir un nuevo relato, una nueva cultura hegemónica, una victoria moral definitiva. Para esta empresa, sin embargo, se necesita un magma social que no se da en España, donde, como han demostrado las urnas, la mayoría de la población no se considera sometida a un orden constitucional ilegítimo fruto de una transición forjada desde las elites, ni tampoco se ve a sí misma como súbdita de una oligarquía heredada, del mismo modo que, aun sabiéndose empobrecida, no se considera miserable e indigna. En España la izquierda puede llegar a representar una mayoría social, pero desde luego éste no es un país para Perón pasado por Laclau. En este sentido, Podemos, el formidable fenómeno político que ha marcado la vida política española los últimos años, se ha topado con el techo que venía impuesto por sus presupuestos fundadores. Presupuestos suficientemente atractivos como para modificar de lleno, y tal vez para siempre, el sistema de partidos, pero al mismo tiempo, tan alejados de la idea que una mayoría de españoles tienen sobre su país, como para no poder ser la fuerza hegemónica que aspiraba a ser, primero en la izquierda, luego en el Estado. El tiempo y más de un millón de votos menos parecen dar definitivamente la razón a quienes ponían reparos a unas nuevas elecciones y a quien, como Íñigo Errejón, siempre receló de la confluencia y de la reactivación del eje izquierda-derecha.

España ha votado contra el desorden pero sufre una crisis constitucional que no puede enmendar la mera formación de un gobierno. La sufre, en primer lugar, porque la incapacidad para activar los procedimientos de reforma constitucional ha imposibilitado la regeneración democrática de nuestras principales instituciones y ha consolidado una desafección casi irreversible hacia nuestra cultura constitucional de buena parte de la ciudadanía más joven, hasta el punto de que la idea de las dos Españas responde hoy más a criterios generacionales que ideológicos. Pero gravedad de esta crisis radica ante todo en el hecho incontrovertible de que Cataluña no tiene una constitución territorial aceptada por la mayoría de su ciudadanía. Este es un problema catalán pero también el principal problema constitucional de España. Rajoy ha demostrado entender España y también un profundo desconocimiento de una Cataluña, en la que vio una algarabía donde había un proceso de desconexión en el que, me atrevo a decir, sin la irrupción de Podemos no hubiera fallado la aritmética. Si la dimensión de su astucia personal ha quedado clara por la inteligente gestión de su quietud, su valor como presidente se juzgará por cómo actúe ante el problema catalán. Para este desafío cuenta ahora con una importante y reciente lección británica: lo que parece imposible que pueda pasar a veces pasa.

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