PERO miran cómo mueren los peces en el río Guadaíra, en el río Rivera de Huelva y en cualquier río, arroyo, afluente, laguna, marisma y cauce fluvial que pueda encontrar en el mapa de la provincia de Sevilla. A los peces que mueren por miles ya no los salva ni el popular villancico, que tanto se ha cantado hace apenas unas horas. O quedan confinados en acuarios, como el que se prevé inaugurar en Sevilla el próximo año, o son sólo personajes de dibujos animados buscando a Nemo. En cantidades apreciables sólo van a subsistir las especies que llegan a la sartén y al horno tras un ciclo vital que nace y muere en las piscifactorías. Porque en los mares cada vez quedan menos en libertad, y el turismo exótico, amén del avistamiento de ballenas y delfines, incluirá las excursiones en barcos pesqueros para ver atunes, meros y anchoas.

La sociedad sevillana se toma poco en serio el mantenimiento de sus ríos. Se suele identificar al medio ambiente con las arboledas y las costas, y no con los cursos fluviales. Sólo le prestamos importancia al agua cuando alarma la salubridad de la que sale por el grifo. Pero no hay grifo sin manantiales, ni ecosistema sin acuíferos y cauces. El recurrente vertido de aguas residuales, escombreras, graveras o alpechines sin depurar a los arroyos cercanos a Morón, Alcalá de Guadaíra o Guillena, entre otros municipios, delatan que hay más impunidad que control. A los desmanes habituales se les ha sumado uno generado por la urbanización del campo que se cree vivir la naturaleza y lo que hace es mancillarla: los restos de las podas en los chalés también acaban colmatando arroyos como el alcalareño de la Fuensanta.

La multa de 600.000 euros que ha impuesto en Morón el Consejo de Ministros es bien poco comparado con los 2,5 millones de euros que le ha costado al Gobierno andaluz reparar la depuradora inutilizada por efecto de los vertidos. Aún no es verdad que quien contamina paga. De momento, lo cierto es que quien contamina se ahorra una reconversión más cara que la posible sanción.