CUANDO Zapatero consintió en dotar a Cataluña de un nuevo Estatuto a través de la iniciativa política de Pasqual Maragall, aceptó también engordar el espectro competencial y simbólico de la Generalitat. Esta segunda faceta quedó satisfecha con la inclusión del término nación y con el reconocimiento más o menos explícito del carácter bilateral de las relaciones entre el Gobierno y la comunidad. Ahora, el presidente catalán, José Montilla, socialista como Zapatero, aprovecha esa concesión para procurar el compromiso de una financiación peculiar, adaptada a las previsiones del texto estatutario y, de paso, a sus necesidades electorales y al discurso nacionalista. El gran problema al que se enfrenta el PSOE es conciliar los intereses del PSC con los del resto de familias socialistas, defensoras a su vez de criterios distributivos dispares y a veces, como en el caso de Andalucía, contradictorios. Cada barón sugiere una fórmula y todas ellas evidencian la dimensión del laberinto. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, apuesta por respetar los parámetros recogidos en todos los estatutos, iniciativa tan voluntarista como utópica. Chaves no se sale del tiesto del cálculo demográfico, que es el que beneficia a Andalucía como región más poblada de España. José María Barreda (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura), custodios del castigado concepto de la solidaridad interterritorial, abogan por conjurarse como en los viejos tiempos para que las siglas comunes del partido tengan sentido. Ésta es quizás la clave: tal vez la disciplina socialista, como la popular, la comunista o la de cualquier otra formación española, tienda a diluirse en el concepto mucho más atractivo de la adhesión al poder a cualquier precio. Ezker Batua-IU siempre ha sido un buen ejemplo. Al PSC le ocurre algo similar. Es responsabilidad de Zapatero hacer un esfuerzo por unificar las voces del socialismo en un contexto tan complejo como el del Estado autonómico.