EL Reino Unido es el socio incómodo de la Unión Europea. Con más vínculos políticos al otro lado del Atlántico que a este del Canal de la Mancha, deseoso de debilitar los poderes de la Comisión y del Parlamento, con una tradición de apertura al mundo, muy crítico con la política de subvenciones a la agricultura, en su proceso de integración en la UE consiguió que su aportación al presupuesto comunitario fuera prácticamente nula al recibir un cheque que le compensara el escaso peso que el sector agrario tiene en su economía.

Desde el punto de vista económico, sin embargo, los británicos son los que más están contribuyendo a la construcción económica de Europa, como uno de los ponentes en el pasado Foro Anual del Observatorio Económico de Andalucía afirmó. La libertad y la ausencia de intromisiones políticas están presentes en todas las adquisiciones de compañías británicas realizadas por empresas extranjeras.

Las empresas españolas pueden dar buena fe. El mayor banco hipotecario, la mayor operadora móvil, los cuatro grandes aeropuertos londinenses (incluyendo el de mayor tráfico internacional del mundo), entre otros, pertenecen a empresas españolas. Las aguas del Támesis son tratadas por una empresa francesa ¿Imagina esta situación en otro país europeo? Las reacciones proteccionistas y nacionalistas están tomando fuerza en todos los miembros. En España vamos más allá, porque le añadimos el componente autonómico.

Pero es Francia y su nuevo presidente, Nicolás Sarkozy, la que está renovando el discurso proteccionista y aplicándolo a operaciones societarias concretas contra empresas de la propia UE. La española Metrovacesa sigue envuelta en un monumental lío jurídico, al haber adquirido un tercio del capital de Eiffage y vetarles la presencia en el consejo de la compañía. Se trata, en gran medida, de una empresa inmobiliaria, que no pertenece a sector estratégico alguno de la economía. Sin embargo, el discurso proteccionista desaparece cuando se trata de operaciones de signo contrario; esto es, cuando son empresas galas las que adquieren otras extranjeras. Las pasadas semanas, Suez aumentó su participación en Aguas de Barcelona y Crédit Agricole (una cooperativa sin posibilidades de ser adquirida) compró un paquete de control en Bankinter. Desconocemos qué resultados políticos ofrecerá, pero la propia Oficina Económica del Presidente Zapatero ha protestado ante su homóloga francesa, exigiendo reciprocidad en el trato a nuestras empresas al norte de los Pirineos.

Los argumentos proteccionistas se extienden a otros sectores. A la tradicional protección agraria vía aranceles y subvenciones de precios, el ministro de Agricultura francés comentaba los pasados días que se van a establecer estándares de calidad para los productos alimenticios extranjeros. Estas barreras no arancelarias van dirigidas hacia los países en desarrollo que exportan sus producciones a nuestros mercados y que no van a poder cumplir.

Estos, y otros ejemplos, responden a una visión más general de la economía en la que se resaltan más los problemas que depara el sistema de mercado que sus virtudes, y otorga un papel dirigista e intervencionista al Gobierno. En este sentido van dirigidas las críticas que el nuevo Ejecutivo ha lanzado sobre el BCE, acusándolo de secretismo en su toma de decisiones, reclamando que las actas de su consejo de Gobierno se hagan públicas -una forma de coacción- y proponiendo que las decisiones clave sobre política monetaria -fijación de tipos de interés- se discutan con los responsables de economía de los gobiernos europeos.

La actitud dirigista tiene un fuerte soporte económico, porque la casi totalidad de los sectores clave de la economía francesa están dominados por grandes empresas en las que el Gobierno detenta una participación de control, con lo que resulta imposible realizar adquisición alguna, encontrándose, en consecuencia, en las mejores condiciones para realizar operaciones de signo contrario más allá de sus fronteras. La venta de acciones al público que el Gobierno realiza esporádicamente, tienen como único objetivo obtener recursos financieros para paliar la precaria situación de las finanzas públicas del Estado, pero en ningún caso como mecanismo de privatización.

Pero la creciente internacionalización de las economías y la libertad de movimiento de capitales están poniendo en tela de juicio el modelo económico francés; de ahí la reacción de Sarkozy contra el sistema de mercado y la defensa de sus grandes empresas.

La situación para el presidente es de desorientación, porque no se puede estar en misa y repicando. Ha erigido una comisión compuesta por destacados economistas, con el objetivo de ofrecer orientaciones básicas para la política económica, incluyendo asesores del anterior Ejecutivo socialista. Jacques Attali, su presidente, ha recomendado -antes de estar disponibles las conclusiones- que se liberalice el mercado de trabajo, se introduzca más competencia en los muy regulados sectores de servicios y que se cree un organismo independiente que defienda a los consumidores.

Como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia, una recomendación está anunciada: protección para mi economía, liberalización para las demás. Son los principios que irían destruyendo la construcción de la UE.