Editorial

Un plan de emergencia social

LAS pavorosas cifras del paro conocidas esta semana enmarcan con rotundidad el drama social que vive España. Con más de seis millones de parados, lo que equivale al 27% de la población activa, casi dos millones de hogares con todos sus miembros en el desempleo y una situación en la que la suma de parados y pensionistas se acerca a la del total de ocupados, la sociedad española se ve abocada a un estado de emergencia en el que millones de ciudadanos se ven inmersos o cercanos a la pobreza. La política económica del Gobierno, centrada en la estabilidad y el saneamiento financiero exigibles para superar el déficit y el endeudamiento, no ha producido aún los resultados que se buscan: la reactivación y la generación de empleo, y muchos españoles desesperan de que el cambio de ciclo vaya a producirse efectivamente en los próximos años. Por otro lado, el colchón de solidaridad familiar y social que suple las carencias del sistema y ayuda a socorrer a los más desprotegidos -y, de paso, a aliviar la crispación social- está agotándose, por su prolongación en el tiempo y porque casi todas las familias han visto mermados sus propios recursos. Dado que el gran pacto nacional por el empleo que hemos propuesto en otras ocasiones no parece posible por el enfrentamiento sin matices de los dos partidos mayoritarios, se impone al menos la búsqueda de acuerdos para suavizar las consecuencias más desastrosas del paro, que no son otras que la ruptura de la cohesión social y el aumento de la exclusión. Hay que evitar decididamente los efectos más nocivos del empobrecimiento colectivo. No está desencaminada, en este sentido, la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía -una de las comunidades más castigadas por el paro y la penuria- para que una conferencia de presidentes autonómicos impulse un plan coordinado de medidas contra la exclusión social. El contenido es discutible. Lo indiscutible es que España necesita un programa de estas características.

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