Previsión El tiempo en Sevilla para este Viernes Santo

EL Pleno de Sevilla aprobó ayer, tal y como estaba previsto, la implantación del llamado plan de blindaje del centro al tráfico, un proyecto que ha marcado la agenda política local, a falta de mejores iniciativas, durante los últimos meses. Sobre el fondo de esta cuestión ya hemos puntualizado en alguna ocasión que, a nuestro juicio, dicho proyecto no beneficiará a los ciudadanos y a los agentes económicos del corazón de la ciudad hasta que las alternativas de movilidad al vehículo privado previstas en el propio Plan General de Sevilla -red de Metro, reforma del servicio de autobuses y construcción de aparcamientos en la periferia del casco histórico-, estén completamente desarrolladas. Ninguna de ellas tiene visos de convertirse en realidad a medio plazo. El gobierno local ha tratado de transmitir a los ciudadanos su voluntad de suavizar la implantación de tan polémica medida, en gran parte por mediación del nuevo candidato del PSOE a la Alcaldía, Juan Espadas, asegurando que sólo sancionará a los conductores reincidentes, rebajando el importe de las multas (70 euros) y dilatando su aplicación efectiva hasta Navidades. Son buenas medidas que, aunque algo tarde, parecen hacer entrar en razón al Consistorio. Pero sólo en parte. La singular forma de adoptarlas, cambiando de criterio prácticamente un día sí y otro también a lo largo de esta semana, ilustran a la perfección la imagen de constante improvisación que suele acompañar al gobierno local. Casi todo lo relativo a este plan ha sido mal gestionado. Desde el origen -su inclusión como parte de la ordenanza de la bicicleta- hasta la aprobación plenaria de ayer. Monteseirín no ha sabido explicarlo adecuadamente a los vecinos y los ciudadanos, lo que explica la oposición existente. Tampoco ha sido capaz de ejercer pedagogía alguna, conformándose con imponerlo. A la hora de flexibilizar su aplicación también transmite escasa seriedad. Una institución debe basar la aplicación de sus normas en criterios objetivos, lo que implica que multar a los conductores no debe ser objeto de decisiones subjetivas, sino el resultado de la aplicación de una norma igual para todos. De nuevo, se tropieza con la misma piedra.

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