A todo pig (cerdo) le llega su San Martín, y el país en el que se acuñó el acrónimo en cuestión (iniciales de Portugal, Irlanda/Italia, Grecia y Spain, los PIGS, tenidos en bloque por los malos de la clase comunitaria) ha recibido el impacto del boomerang: según la OCDE, la deuda pública de Gran Bretaña será la mayor de la Eurozona en 2011. Gran Bretaña, de acuerdo, no es la estigmatizada Grecia, como tampoco lo es España según reconoció el británico Financial Times tras fustigarnos sin piedad, y hasta con razón. Pero Gran Bretaña adolece del mismo problema esencial de otros tantos países: los ingresos públicos han menguado mucho más rápidamente que los gastos, con lo cual su presupuesto se ha descuajaringado peligrosamente; déficit llama a deuda. Un dato del jueves: en enero, la economía de las Islas se endeudó en unos 5.000 millones de euros. La clave no está en la cifra, mareante como tantas otras, sino en el hecho de que nunca antes en ese mes de copiosa recaudación el país de la libra había tenido que acudir al crédito.

Ah, la deuda, magnitud que se ha hecho corpórea y omnipresente tras años de olvido, se olvida la salud cuando uno cree tenerla. En España, la deuda pública no es, de momento, un asunto tan grave como lo acabará siendo si no cambian las tornas. El problema real es la deuda privada, y no hablamos ya de la de la inmobiliarias y otras empresas, sino de la deuda de las familias y los individuos en general. Los hogares españoles son de los más endeudados en Europa, con un montante total de alrededor del 85% del PIB. Paro creciente, consumo menguante, deuda preocupante: brochazos básicos en un lienzo cuya visión consterna. Y aun hay más deudas.

Las deudas huelen hoy a morosidad, ¿quién no tiene una deuda de dudoso cobro a favor o en contra? La morosidad es fuente de inseguridad mercantil y jurídica, y la inseguridad emponzoña la economía. Las deudas dudosas paralizan. Siendo esto así, resulta más intolerable que el deudor sea una institución pública (Estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, servicios de salud, largo etc.), y los acreedores las empresas privadas que han trabajado para ellas... y no cobran o, mejor dicho, cobran tarde y tras mil gestiones y cornadas. Es éste un problema de estrangulamiento de la iniciativa privada, la que es y debe seguir siendo verdadero motor de las relaciones de intercambio y del empleo. ¿Con qué argumentos pueden los gobernantes pedir a la banca que haga de banca y abra las compuertas del crédito si el principal moroso es el sector público, que hace gestión financiera a costa de las empresas? El sector público es un cliente teóricamente seguro para las empresas, y por eso se permite pagar con plazos que duplican el de la media comunitaria (casi setenta, ¡70!, días más de media para cobrar aquí un trabajo terminado, según informaba ayer Expansión). Con las líneas de crédito retiradas en sus cuarteles de invierno, dígame usted quién aguanta el tirón; qué gran empresa, qué pyme, qué autónomo. El Estado, nuestro alucinante Estado plurinacional e hiperlocal, debe recortar gastos porque los ingresos se han encogido enormemente (y no vale con incentivar-presionar a los inspectores de Hacienda, policías locales o haciendas autonómicas a recaudar casi "como sea"), pero dicha pérdida de peso por los ingresos y los gastos no debe encima ayudar a que el dolor económico sea mayor de lo que debe ser.

"La economía española retrocedió once puestos entre 2008 y 2009 en el ranking de países que ofrecen más facilidades para hacer negocios, donde pasó a ocupar el puesto 62 frente a la posición 51 del año anterior, según un informe elaborado por el Banco Mundial", informaba Cinco Días el jueves. ¿Cómo nos podemos permitir eso? El Estado (la Junta, el SAS, los ayuntamientos) debe dejar de echar gasolina al fuego de la falta de liquidez y acometer sin dilación una reforma estructural de máxima urgencia como es la de facilitar el establecimiento de empresas.