la tribuna

Francisco J. Ferraro

La política económica de la Junta de Andalucía

ES ampliamente compartido que el tardío reconocimiento de la crisis por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, las contraproducentes medidas de política económica a lo largo de 2008 y buena parte de 2009, y la ausencia de una política coherente con posterioridad han agravado la crisis y han retrasado la recuperación de la economía española. Pero también debe reconocerse que la rectificación de la política económica enunciada el 12 de mayo, que condujo a un duro plan de ajuste fiscal y, con mayor decisión, el nuevo impulso reformador (sistema de pensiones, cajas de ahorro y negociación colectiva) desde el final del pasado año, inducido por el riesgo de un posible rescate de la economía española y la presión de los socios europeos, van en la buena dirección. Así lo valoran los organismos internacionales, los socios comunitarios y los mercados, propiciando un moderado optimismo en la recuperación a medio plazo, como esta semana valoraba el gobernador del Banco de España.

En Andalucía, sin embargo, el panorama es más preocupante. No sólo porque la crisis nos afecta más gravemente (en 2010 hemos sufrido una reducción del PIB del 0,9%, la mayor contracción entre las comunidades autónomas, y nos mantenemos con tasas de paro mucho más elevadas que la media nacional), sino porque el Gobierno regional no ha rectificado ni su discurso ni su política ante la crisis como lo ha hecho el Gobierno de la nación. Sigue interpretando la crisis como un fenómeno externo (los malvados mercados financieros), sigue haciendo un discurso autocomplaciente de la economía andaluza y, sobre todo, sigue sin cambiar su política económica, a excepción de los ajustes del gasto público, obligados por la reducción de los ingresos y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Lo que pone de manifiesto la singularidad de la crisis en Andalucía es la debilidad competitiva del sistema productivo y los excesos e ineficiencias del gasto público. Por tanto, lo que corresponde en el momento actual es abordar una nueva política económica que favorezca la competitividad y la eficiencia del gasto público. Ésta debe instrumentarse con políticas de oferta, para las que los gobiernos regionales tienen la mayor parte de los instrumentos. Sin embargo, cuando se plantea que hay que cambiar la política económica de la Junta de Andalucía, la mayoría de los interlocutores no saben muy bien a qué se hace referencia, y ello es así porque no está sometida a debate público por estar secuestrada por la concertación social, y los partidos no entran a discutir la oportunidad de unas políticas que han bendecido la Confederación de Empresarios y los sindicatos, porque su cuestionamiento tendría costes políticos.

Estas políticas son cuantiosas en variedad y en coste público (5.107 millones de euros, el 16,2% del presupuesto de 2011, sin contar con otras políticas de producción de bienes públicos de trascendencia económica, como la educación), y se concreta en políticas tan variadas como las ayudas a empresas en crisis (¿se ha valorado el coste y los resultados de las subvenciones a Santana y otras empresas en crisis, o las subvenciones a los ERE?); las ayudas a grandes empresas (su entidad, recurrencia y sus efectos sólo suelen conocerse cuando las empresas cesan en su actividad o se detectan corruptelas); a las cooperativas (la hipersubvencionada economía social sigue siendo un gesto ideológico socialista con pobres resultados en términos de competitividad e innovación); a las pymes (las más de las veces pequeñas limosnas que salvan la cuenta de resultados); a la I+D+i (necesarias, pero que en su aplicación distan en muchos casos del objeto que persiguen); a la promoción turística (en donde hay signos de despilfarro y se desconoce su eficacia); a las políticas de fomento local y a multitud de consejos, agencias y otras entidades públicas que en buena parte de los casos no crean más empleo que el de los propios gestores... ¿Para qué está sirviendo la política industrial cuando observamos un permanente deterioro de la base industrial andaluza? ¿Y las políticas activas de empleo, cuyos resultados en términos de paro y empleabilidad son conocidos?...

Estoy convencido de que no toda la política económica de fomento al desarrollo regional es inútil, y que muchos responsables y funcionarios públicos la aplican con celo y diligencia, pero buena parte de ella no sólo constituye un derroche de medios públicos, sino que genera incentivos perversos contra el segmento más dinámico de nuestro tejido empresarial. Por ello, la reforma de la política económica de fomento es imperiosa y crítica en un momento en el que el principal lastre de la economía andaluza es su limitada competitividad, por lo que es necesario que el Parlamento de Andalucía la analice en profundidad apoyándose en una evaluación rigurosa e independiente de su eficacia y eficiencia.

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