ES difícil encontrar en el complejo organigrama de la Junta de Andalucía una gestión más controvertida y polémica que la llevada a cabo por la Consejería de Empleo. Toda la política de subvenciones a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo está sometida a una investigación judicial con decenas de imputados, algunos del más alto nivel, que trata de esclarecer una compleja trama de defraudadores que ha afectado a muchos millones de euros de las arcas públicas. Otras instancias judiciales han abierto procedimientos acerca de la política de ayudas a la creación de puestos de trabajo. Ahora es el Defensor del Pueblo Andaluz la institución que ha puesto en cuestión otra de las competencias más demandadas por el Gobierno andaluz hasta que, en 2004, recibió su transferencia: las políticas activas de empleo y, en particular, los llamados talleres de empleo, que añaden a la fase formativa de los parados otra de prácticas retribuidas. La Oficina del Defensor se ha hecho eco, en efecto, de las numerosas quejas ciudadanas que han llegado en los últimos meses a la institución que vela por el interés general por la arbitrariedad y falta de transparencia con que se otorgan las ayudas establecidas al efecto. El Defensor ha estimado ajustadas a la realidad las denuncias recibidas acerca de la elevada discrecionalidad y las acusaciones de favoritismo en la selección de los alumnos que se benefician de estas políticas y del profesorado que imparte la formación prevista, lo cual ha sido posible por la falta de transparencia de los procesos y el oscurantismo en la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que la Consejería de Empleo ha invertido más de mil millones de euros en estas actuaciones, lo que hace aún más urgente que se atienda la reclamación del Defensor de que se proceda a modificar las normas regulatorias de este instrumento social. En una Andalucía que colecciona récords de desempleo es aún más imprescindible que las medidas para combatirlo se basen en la transparencia, buen uso y estricta legalidad.