La tribuna

josé Rafael Rich Ruiz

Sí se puede

EL desafecto social que la clase política se ha ganado a pulso ha hecho que en nuestra todavía joven democracia se vayan experimentando otras formas de participación social. Movimientos sociales nacidos en nuestro país, y que han dado la vuelta al mundo han demostrado que, desde el trabajo callado y la coherencia social, se puede hacer frente a unos poderes públicos que cada vez toman decisiones más alejadas de los intereses sociales. Con el "sí se puede" por bandera han desafiado exitosamente al Goliat de una administración pública al servicio de intereses partidistas espurios y lejos de la objetividad y el servicio al interés general que el impone nuestra Constitución en su artículo 103.

Una nueva muestra del desencuentro entre la sociedad y los poderes públicos la constituye la decisión del Gobierno andaluz de retirar conciertos educativos a centros escolares que llevan realizando su tarea educativa durante décadas, insertos en su entorno, comprometidos con la calidad educativa y con el desarrollo social y económico de Andalucía y que, para colmo, cuentan con una más que sobrada demanda social entre las familias andaluzas.

Si a eso se suma el hecho de que estos centros educativos sirven con eficacia al interés general (entendiendo por ello la correlación existente entre inversión pública y resultados educativos) en el desarrollo de su tarea, queda bien a las claras que los motivos por los que se toman estas decisiones nada tienen que ver ni con el ahorro económico ni con los resultados obtenidos. O, lo que es lo mismo, se basan sólo y exclusivamente en razones ideológicas o partidistas. Con ser ello lamentable, pues se utiliza la educación y el sistema educativo en la contienda partidista y lo aleja de donde siempre debió estar, el Pacto de Estado, lo es más si tenemos en cuenta el marco en que tales decisiones se toman y los derechos que contravienen.

En primer lugar, se toma en el marco de una crisis económica generalizada en el que cualquier recorte en educación es recorte en futuro, en esperanza y en el motor que debe sacar a Andalucía de la crisis social y económica en que se encuentra. La decisión en este contexto económico es más incomprensible si tenemos en cuenta la destrucción de puestos de trabajo que supone en entidades educativas que desarrollan su tarea de manera solvente y con una aceptación social más que sobrada y que, además, lo hacen con un coste para el contribuyente menor que la educación gestionada por la administración pública.

En segundo lugar, dicha decisión busca la eliminación de la "nota de color" en el panorama educativo andaluz. La homogeneización en cualquier sector siempre es peligrosa, pero en el sector educativo, además, no es sana para una sociedad democrática. La estatalización de la enseñanza busca eliminar a aquel que no piensa como yo, especialmente en el ámbito educativo, verdadera herramienta de formar mentes para una sociedad futura. La Junta de Andalucía no ha tenido nunca problema en concertar servicios sociales, incluso con la propia Iglesia, para atender a menores, ancianos, inmigrantes, mujeres… pero éste es un sector "estratégico", pues forma ciudadanos. La escuela concertada quiere educar en calidad y en equidad, pero también en libertad frente a cualquier tentación de intervención estatal.

En tercer lugar, la decisión es más que discutible desde el respeto a la libertad de enseñanza y la libertad ideológica y religiosa. Sé que este es un tema sensible para aquellos que, desde posiciones estatalistas y laicas, quieren, supuestamente, hacer ciudadanos libres de toda atadura ideológica y religiosa. Pero es curioso que aquellos que pretenden esa libertad quieran evitar, por todos los medios, el acceso de los alumnos y las familias a una educación que parta de sus convicciones. ¿Por qué? ¿A qué teme la libertad? Estas decisiones, lejanas de los intereses de una gran parte de la sociedad y que nada aportan a otra, sólo buscan, con una clara intencionalidad político-ideológica, laminar el derecho de creación de centros educativos mediante la retirada de las ayudas a las que obliga la propia Constitución, conforme a las leyes, y conculcar el derecho de los padres a elegir un modelo educativo conforme a sus convicciones.

En esta tesitura, como tantos otros movimientos que se sublevan ante el atropello de sus derechos, los "desconcertados" de la escuela andaluza debemos gritar que ¡Sí se puede! conseguir que se respeten nuestros derechos.

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