LA ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) por sus vínculos con la organización ilegal Batasuna se acerca, precisamente en vísperas de unas elecciones generales a las que ésta última pretendía concurrir. La ilegalización será instada con toda seguridad por la Fiscalía General del Estado en los próximos días ante el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional previsto para aplicar la Ley de Partidos Políticos. Paralelamente, el magistrado Baltasar Garzón ha puesto en marcha la maquinaria judicial necesaria para que ambas organizaciones vean suspendidas sus actividades, a la espera de su puesta al margen de la ley. Lo hizo ayer, tras recibir los informes solicitados a la Policía y a la Guardia Civil, citando a los representantes de PCTV y ANV para los días 4 y 5 de febrero, respectivamente. Los informes mencionados, que constan de más de 400 folios y una documentación anexa de varios miles, detallan los vínculos detectados entre Batasuna -ilegalizada como formación terrorista integrada en la banda ETA- y las dos organizaciones en cuestión que permitirán a la Justicia declararlas ilegales por ser meras pantallas al servicio de Batasuna. El bloque de indicios acopiado por las fuerzas de Seguridad del Estado es bastante sólido: con los ingresos que el PCTV percibe por disponer de un grupo parlamentario en la Cámara vasca se han pagado las nónimas de casi 30 militantes y dirigentes de Batasuna, existen cuentas bancarias que nutren a las tres formaciones y se ha constatado que ANV rinde cuentas de sus actividades en los ayuntamientos en que consiguió representación en más de 400 municipios vascos y navarros a una dirigente batasuna ahora en prisión por pertenencia a ETA. Todo ello autoriza a aventurar que está a punto de terminarse la etapa en que dos partidos han participado en la vida política utilizando los cauces del Estado democrático al tiempo que colaboraban estrechamente con ETA y subordinaban su trayectoria a la estrategia de los terroristas. Es un paso más, e importante, en el combate legal contra el terrorismo y su definitiva liquidación.

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