Alas comunidades autónomas, a la España de las autonomías, le han puesto la proa. La estructura del Estado es insostenible, argumentan. Lo piensan en el Banco de España, y lo opinan los de la Fundación Everis, ese grupo de empresarios liderados por Eduardo Serra que le entregó al Rey un informe sobre la situación económica trufado de consideraciones políticas. ¿Operación? Serra, en una entrevista publicada en El Mundo, declaró que los 17 parlamentos autonómicos padecían una actividad legislativa "diarreica" y que estaba en peligro la unidad de mercado del país. Y en el Banco de España tampoco entienden a las autonomías. "Sí, esta mañana ha llamado un político de la Junta", le informó con sorna uno de sus directores a un miembro de un consejo de administración de una caja andaluza hace unos meses. El "político" en cuestión era un miembro del Consejo de Gobierno. Un político. Qué más da; esto no lo entienden, como tampoco querían comprender el sistema de cajas de ahorros. Por eso Fernández Ordóñez promocionó una reforma de la ley que abre la puerta a la extinción de éstas. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es consciente de ello, y su argumentario lo lleva muy bien articulado. Al día de hoy -afirmó ayer en Madrid-, las comunidades autónomas son las ejecutoras del Estado del Bienestar, ellas son las que prestan los servicios de sanidad, educación y dependencia. Por eso, es imposible una involución del Estado autonómico, una implosión con centro de gravedad en Madrid. Cuestión distinta es que el sistema sea más costoso y rebose de duplicidades. Quizás debamos mirar a Alemania, modelo federal de España desde la Constitución de 1978: un Estado central más pequeño, pero más musculoso. Capaz -sí- de armonizar la legislación; de establecer por ley el límite de gasto; de impedir aventuras extraconstitucionales. ¿Pero alguien sabe por qué Educación, Sanidad, Cultura o Agricultura siguen siendo ministerios independientes?