Las manifestaciones del 8 de marzo han sido un éxito por la justicia de lo que exigían, por la multitudinaria participación y porque ningún grupúsculo extremista pudo ponerlas al servicio de sus intereses ideológicos. Millones de personas en toda España exigieron lo que resulta escandaloso que a principios del siglo XXI aún deba ser reclamado. Reclamaciones todas que deben ser atendidas por un poder político y una sociedad civil que no pueden mirar para otro lado ni refugiarse en la excusa de la imposibilidad de llevar a cabo las reformas necesarias. Todo depende de lo que se legisle y se presupueste, en lo que a las autoridades públicas se refiere, y a lo que los empresarios y la ciudadanía hagan. En unos casos, como el de la brecha salarial, la solución está en las leyes y las inspecciones laborales que garanticen el respeto a los derechos de las trabajadoras. En otros, como sucede en los países más avanzados, el Estado debe mediar entre las justas reivindicaciones y las también comprensibles dificultades que retraen a las empresas.

El caso de la maternidad y de la conciliación de la vida laboral y familiar está en gran medida resuelto en países como Alemania con el subsidio de maternidad, el permiso parental (los trabajadores disfrutan de una protección especial contra el despido durante la excedencia que puede durar hasta tres años), la prestación parental (compensación del salario que considera varias situaciones, una de ellas el trabajo a tiempo parcial, durante 28 meses) o el subsidio familiar por hijos (hasta los 18 años, los 25 si está en proceso formativo justificado o sin límite si es dependiente).

Para esto hace falta no sólo una economía boyante, sino sobre todo una adecuada política fiscal y una eficaz gestión de los recursos. Si de una parte España tiene un grave problema demográfico, de otra hay trabajadoras que quieren ser madres pero son penalizadas laboralmente, no contratadas o despedidas por serlo, y de otra más hay casos en los que las empresas no pueden asumir bajas prolongadas, está claro el papel equilibrador y mediador del Estado. A esto se le llama Estado de bienestar o socialdemocracia, eso que muchos dan por muerto y liquidado para imponer un feroz darwinismo social, la supervivencia de los más fuertes en la selva de los mercados. No se puede sacar de donde no hay. Pero sí se puede legislar, recaudar y administrar con sentido social.